Más causas a juicio: El cuello de la botella y los tribunales orales

El fiscal federal Sergio Franco, integrante de la Unidad Fiscal que interviene en casos de terrorismo de Estado, solicitó la semana pasada la elevación de dos causas a juicio oral y público. Se trata de un caso de sustracción de la hija de desaparecidos María Natalia Suárez Nelson. Su apropiador, Omar Alonso, y el marino sindicado como entregador, Juan Carlos Herzberg, fueron acusados y su juicio se ventilará ante el TOCF Nº1 de La Plata. Hoy la Cámara Federal confirmó que Alonso debe esperar el juicio en prisión domiciliaria.

Franco también pidió la elevación a juicio de la segunda parte de la causa de la comisaría 5ta y del ataque a la casa Mariani-Teruggi, que tiene a siete procesados: la figurita repetida Miguel Etchecolatz (foto), Carlos García, Horacio Elizardo Luján, Luis Vicente Patrault, Domingo Almeida, Alejandro Agustín Arias Duval y Hugo Alberto Guallama. El fiscal pidió el cierre de la instrucción y la elevación de la causa a juicio por orden del Procurador General de la Nación, que solicitó el año pasado a todos los fiscales que, una vez producida la confirmación de los procesamientos de los imputados por parte de las Cámaras Federales, se requiera a los jueces la elevación del sumario a la fase oral.

Franco reclamó que esta causa se unifique con la de la comisaría 5ta, que fue elevada recientemente al Tribunal Oral Federal Nº2 de La Plata. De esta manera, el juicio tendría en el banquillo a los mismos imputados que antes, pero se juzgarán más casos. De todas formas, las dos causas juntas -si bien incluyen más de cien víctimas- representan una mínima porción de los represores imputados.

En julio pasado el mismo fiscal solicitó la elevación a juicio de la denominada "causa Raffo", también conocida como Camps II, que incluye en su objeto procesal los centros clandestinos que funcionaron en la Subcomisaría de Don Bosco, Quilmes (Puesto Vasco), y en la actual Dirección Departamental de Investigaciones de Martínez (COTI Martínez). Esa causa incluye a los siguientes imputados: los militares Rodolfo Aníbal Campos e Ibérico Saint Jean; los policías Eros Amílcar Tarela, Norberto Cozzani, Roberto Antonio Cabrera, Sergio Arturo Verduri, Jorge Antonio Bergés y Etchecolatz; y el civil Jaime Lamont Smart.

Una vez que el juez Corazza lo eleve a juicio, el expediente se ventilaría, también, en el TOCF Nº1.

Así, se empiezan a acumular causas en los dos tribunales orales de La Plata. Cada uno ya tiene una causa grande radicada, que esperan ser juzgadas. El Nº1, la de la U9; y el Nº2, la de la 5ta (primera y segunda parte). Ahora, la causa por la sustracción de Natalia Suárez Nelson llegará al Nº1, al igual que la causa Raffo. También en el Nº1 está radicada la causa en la que se encuentra imputado el policía Santiago Antonini por la privación ilegal de la libertad de la abuela Chicha Mariani, que espera ser juzgada.

El retraso de todas estas causas durante la instrucción, parece, tendrá su correlato en la instancia oral y pública. El cuello de botella que se formará en los tribunales orales -el escenario de los procesos judiciales en el que parece que se está más cerca de la justicia- provocará que la espera por el castigo justo sea aún mayor.

De todo menos violeta

El ex policía de la Brigada de Investigaciones de Avellaneda Miguel Ángel Ferreyro irá a juicio oral y público por el secuestro y las torturas de cuatro personas: Nilda Eloy, Horacio Matoso, Adolfo Manuel Paz y Oscar Ernesto Solís. El juez Humberto Manuel Blanco cerró la instrucción de la causa que fue iniciada a raíz de una denuncia en el Juicio por la Verdad en 2001. Contra Ferreyro también pesaba la acusación de violación contra Nilda Eloy, pero fue sobreseído el 28 de julio pasado por falta de pruebas. A pedido del fiscal federal Sergio Franco, el juez Blanco lo había procesado también por ese hecho pero la Cámara Federal le dictó la falta de mérito.

Tras esa falta de mérito no pudieron recogerse más pruebas en la instrucción, por lo cual el juez decretó el sobreseimiento, que fue consentido por la fiscalía.

La historia de esta causa comenzó cuando Ferreyro terminó su declaración ante la Cámara Federal de La Plata en el Juicio por la Verdad el 28 de noviembre de 2001. En ese momento, Eloy se acercó llorando ante el tribunal para denunciar que entre noviembre y diciembre de 1976, mientras estuvo detenida ilegalmente en la Brigada de Avellaneda, Ferreyro —que hoy cuenta 68 años— era cabo de guardia de aquella dependencia. Lo reconoció por la voz y por su anillo. Y también denunció que ese policía la había violado.

Dos semanas después, la Cámara Federal le tomó declaración indagatoria por todos esos hechos. Fue el primer policía detenido en el Juicio por la Verdad de La Plata, el 12 de diciembre de 2001, por delitos cometidos durante la dictadura.

La causa que ahora irá a juicio se ventilaría ante el TOCF Nº2 de La Plata.

Von Wernich saldrá de la cárcel en nave espacial

No sabemos qué nos deparará el futuro pero, quién sabe, quizá el genocida Christian Von Wernich pueda dejar en 2038 el penal que lo alberga en un vehículo que no se apoye sobre el suelo y levite por obra y gracia de la tecnología. Eso es lo hipotético de esta noticia. 

Ahora, lo cierto: Después de que la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la condena a reclusión perpetua de Von Wernich, el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata realizó el cómputo de la pena y pasó la causa "a la etapa de ejecución de sentencia", dice la orden firmada el 17 de abril pasado por el juez Carlos Rozanski.

Rozanski se basó para ello en el informe realizado por el secretario del tribunal, Maricio Macagno, quien escribió que Von Wernich "se encuentra detenido en la presente causa desde el 25 de septiembre de 2003, es decir que lleva en prisión 5 años, 6 meses y 23 días; y por la nueva redacción del art. 13 del Código Penal (según ley 25892), el condenado podrá obtener su libertad condicional al cumplir treinta y cinco (35) años de condena, o sea el 24 de septiembre de 2038". 

Faltan 29 años. ¡Casi la misma cantidad que tuvo de impunidad! 

Abrieron la jaula de tres buitres

Tres jefes de Arana y de la Brigada platense quedaron libres por orden de Casación y ya son cuatro los represores de esos centros clandestinos que esperarán libres el juicio oral. El fiscal de Casación no apeló y la orden se hizo efectiva el 6 de enero.

Por orden de la Cámara Nacional de Casación Penal, el juez federal platense Humberto Blanco, que subroga durante la feria judicial a su colega Arnaldo Corazza, dispuso el 6 de enero la excarcelación de tres represores acusados de crímenes de lesa humanidad en los centros clandestinos de detención del Destacamento de Arana y la Brigada de Investigaciones de La Plata.
Miguel Kearney, jefe del Destacamento de Arana, y Rubén Oscar Páez y Jesús Bernabé Corrales, jefe y subjefe de la Brigada de Investigaciones platense durante la dictadura, recuperaron la libertad luego de presentar las garantías para cubrir una caución de 75 mil pesos cada uno.
Las libertades fueron dispuestas por la Sala III de la Casación entre el 22 y el 23 de diciembre pasado y recién se efectivizaron este martes, luego del arribo de los expedientes al juzgado federal de Corazza. Los jueces que ordenaron las excarcelaciones son Ángela Ester Ledesma, Guillermo Tragant y Eduardo Rafael Riggi, con pequeñas disidencias en sus votos pero con acuerdo total en el fondo de la cuestión.
Esta vez no otorgaron una excarcelación con el argumento de que los represores llevan más del tiempo razonable detenidos, como lo hicieron sus colegas de la Sala II a mediados de diciembre pasado con los ex marinos de la ESMA. Ninguno de los tres ex policías imputados cumplió dos años de detención, ya que fueron arrestados en mayo de 2007. Tras recordar que "las únicas circunstancias que obstan a la concesión de la excarcelación son: 1) peligro de fuga y 2) riesgo de entorpecimiento en la investigación", los jueces evaluaron sus situaciones personales con consideraciones exasperantes, sobre todo la relativa a que no está probado que hayan intentado "entorpecer el curso de las investigaciones".
Señalaron que "pese a la severidad de la pena prevista, los restantes elementos de juicio que ofrece el sumario controvierten la presunción de fuga que podría pesar sobre el acusado". Y para ello ponderaron, en el caso de Páez (similar al del resto): 1) La circunstancia de posser una resiencia estable en el país (...) tratándose de una finca de su propiedad; 2) su sometimiento a la acción de la justicia, que se deriva de la circunstancia de no haberse resistido al arresto y de haber sido regularmente ubicado en su domicilio; 3) la edad del encausado, quien nació el día 27 de agosto de 1935, por lo que en la actualidad tiene 73 años de edad; 4) su núcleo familiar conviviente, compuesto por su esposa, su hija y dos nietos, el que se erige como un motivo que lo mantendrá en la jurisdicción; 5) el correcto comportamiento evidenciado durante su detención bajo el régimen de arresto domiciliario y su regular acatamiento de las obligaciones procesales derivadas del mismo; y 6) la circunstancia que desde la fecha de los hechos que se le imputan al presente han transcurrido más de treinta años, no observándose acto alguno por parte del acusado que indique que durante ese largo período en el que se encontró en libertad hubiera realizado conducta alguna tendiente a sustraerse de la acción de la justicia, o entorpecer el curso de las investigaciones.
En el caso de Kearney los jueces valoraron positivamente que "no registra antecedentes penales", como si hubiera sido posible juzgarlo y condenarlo antes. No recordaron que la Cámara Federal porteña había ordenado su detención durante el juicio Camps y Etchecolatz en 1986 y que esa orden quedó en la nada por la ley de Obediencia Debida. 

Y concluyeron que "mantener la actual situación de encierro" de los imputados "vulnera los límites para el encarcelamiento preventivo en tanto se contrapone a las reglas de necesidad, subsidiariedad, proporcionalidad e intervención mínima a las que debe responder el mismo".

Las libertades de los tres represores podrían haber sido frenadas si el reaccionario fiscal de Casación Juan Martín Romero Victorica apelaba ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero fiel a sus compromisos y convicciones, Romero Victorica aún no presentó tal apelación (para lo cual todavía le queda tiempo), como sí lo hizo su colega Raúl Plé en el caso de los represores de la ESMA, quienes continúan detenidos.

La libertad de Kearney, Páez y Corrales se suma a la ya dictada por Corazza el 22 de diciembre pasado al guardia de Arana, Daniel Jorge Lencinas, también por orden de la misma Sala III de Casación el 18 de diciembre y con los mismos fundamentos. Esa resolución tampoco fue apelada por Romero Victorica.

En la página web de la Procuración General de la Nación aparece, en primer lugar, desde fines de diciembre pasado, un comunicado de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado referente al tema de las excarcelaciones, que explica cómo un recurso de apelación del fiscal puede frenar la medida. ¿Leerá Romero Victorica la página web de la Procuración y el Código Procesal Penal? ¿Alguien le recordará desde la Procuración lo que se espera de él? ¿Escracharán los organismos de derechos humanos al fiscal y a los jueces?

Es interesante el accionar de uno de los organismos platenses: repudió las excarcelaciones de los represores de la ESMA, causa en la que no es querellante, y todavía no reaccionó ante estas libertades, dispuestas en expedientes en los que es parte. Parece que sus abogados leen los diarios pero no las causas judiciales.

Sita en tribunales

El ex policía de la Brigada de Investigaciones de La Plata acusado de integrar un grupo de tareas para el secuestro y tortura de personas, Mario Víctor Sita (foto), se entregó esta mañana ante el juez federal Arnaldo Corazza.
El magistrado había ordenado -por pedido del fiscal Sergio Franco- su captura la semana pasada en el marco de los expedientes en los que se investigan los centros clandestinos de detención que funcionaron durante la última dictadura en aquella brigada y en el Destacamento de Arana.
Sita está imputado de 59 casos de privación ilegal de la libertad y torturas ocurridos en la brigada platense y el destacamento de Arana en 1977.
El represor, que estuvo prófugo seis días, se presentó esta mañana acompañado por su abogado en el tercer piso de los tribunales federales de 8 y 50 y quedó detenido. Sita tiene 74 años y probablemente será beneficiado con el arresto domiciliario, porque el juez Corazza considera que todos los mayores de 70 deben pasar la prisión preventiva en su casa. Dos de las tres salas de la Cámara Federal (la II y la III) ya se pronunciaron sobre la preeminencia del estado de salud antes que la edad y han revocado domiciliarias de represores mayores de 70 años que se encuentran aptos física y psíquicamente para esperar el juicio tras las rejas. Teniendo en cuenta esta jurisprudencia, se espera que -de llegar a haber apelaciones- este y el resto de los imputados con domiciliaria, como el reciente caído Fernando Svedas, pierdan ese beneficio.

El prófugo
En tanto, permanece prófugo el ex oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Raúl Orlando Machuca (foto), sindicado como el jefe del grupo de tareas de la brigada platense que integraban los ya detenidos Sita y Argüello y acusado de 60 casos de privación ilegal de la libertad y torturas. El juez federal Arnaldo Corazza libró la semana pasada la orden de captura nacional e internacional contra este personaje, que está acusado en otra empantanada causa por el secuestro del poeta Daniel Omar Favero y de su pareja, María Paula Álvarez.

(Fotos de Francisco Martínez y Vanina Wiman)

Cinco bichos pegados

El juez federal Arnaldo Corazza ordenó las detenciones de cinco ex policías, de los cuales ya logró apresar a tres, que actuaron en los centros clandestinos de detención que funcionaron durante la última dictadura en la Brigada de Investigaciones de La Plata y en el Destacamento de Arana.
Carlos Vercellone, Fernando Svedas y Julio César Argüello (foto) fueron detenidos por la DDI de La Plata entre ayer y anteayer e indagados por el juez Corazza. En tanto, continúa la búsqueda de otros dos integrantes de un grupo de tareas, cuyos nombres no se revelan para evitar que con ello se favorezca su escape, a pesar de que a este blog le consta que están alertados porque los cinco tienen los mismos abogados.
Las detenciones habían sido solicitadas por el fiscal Sergio Franco en distintas ampliaciones del requerimiento de instrucción presentadas en julio, septiembre y octubre del año pasado.
Vercellone, hoy de 65 años, era oficial principal de la Dirección de Investigaciones y de la Brigada platense y fue sindicado como uno de los interrogadores del centro clandestino del Destacamento de Arana por el fallecido policía Jorge Omar Rodríguez, quien en 1998 al declarar en el Juicio por la Verdad reconoció haber sido guardia de aquel campo de concentración. Rodríguez fue contundente ante los jueces de la Cámara Federal: "Les voy a dar concretamente un nombre. Pienso que para que ustedes establezcan la verdad yo tengo que ser preciso, y si a lo mejor digo cosas sin estar totalmente seguro a ustedes no les sirve y ustedes, de esa forma van a tomar caminos equivocados. Por esto, les digo, no quiero ser responsable. Voy a colaborar en la medida de lo que sepa certeramente para que ustedes puedan tomar el camino correcto y puedan establecer cosas precisas. Se trataba concretamente de un oficial que en algunas oportunidades trabajaba con [el lobo, Luis Héctor] Vides. Hoy en día se retiró como comisario mayor y en aquella oportunidad era comisario principal. Se llamaba Carlos Vercellone, y es el único nombre que les puedo dar con absoluta certeza" (sic).
Pero además en el legajo de Vercellone brillan dos felicitaciones de noviembre de 1976 por "eliminar" y "erradicar" de la sociedad "elementos extremadamente peligrosos". Y, para desgracia del otrora oficial y hoy conocido abogado platense, el chofer de Miguel Etchecolatz, Hugo Guallama, lo sindicó como uno de los iniciadores del operativo en la casa Mariani Teruggi y el propio Etchecolatz lo recordó en una declaración indagatoria de la década del '80 en la causa Camps como uno de los efectivos a sus órdenes.
Esto es lo que se dice haber quedado pegado.
Fernando Svedas, en tanto, fue durante 1977 el segundo jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata y quedó pegado en la causa como autor mediato de los secuestros y torturas de las personas que permanecieron en los centros clandestinos que funcionaron allí y en el Destacamento de Arana.
Argüello, hoy de 61 años, venía zafando desde hace casi seis años en otra causa gracias a una maniobra dilatoria de su defensa de la que se habían hecho eco las justicias federales platense y porteña. Él y los dos policías que aún siguen prófugos integraban un grupo de tareas que secuestró al poeta Daniel Favero y a su pareja María Paula Álvarez, según quedó asentado en un expediente de la justicia militar. Hoy no están buscados por esos hechos (la causa duerme en el limbo judicial), sino por varias decenas de casos porque, según el fiscal Franco, "los elementos reunidos hasta el presente son suficientes para tener por acreditado prima facie la participación de los imputados en grupos policiales de intervención directa en la represión ilegal y, como tales, no sólo formaron parte sino que además aportaron al fortalecimiento y funcionamiento de la estructura del terrorismo de Estado".

(Foto de Francisco Martínez)

El Trottasaurio, ¿¡Vivo!?

Hace algunos años, Susana Giménez pasó a la historia uno de sus más conocidos furcios. Cuando una paleontóloga le hablaba sobre el descubrimiento de un dinosaurio en la Patagonia, Susana preguntó: "¿¡Vivo!?"
La historia que aquí se va a contar es parecida, porque también hablamos de un dinosaurio que se piensa extinguido, aunque se sospecha que puede seguir entre nosotros.
El juez federal Arnaldo Corazza dispuso exhumar el cadáver enterrado en la tumba que lleva el nombre del represor Ángel Francisco Trotta, alias "el gangoso", torturador de Jorge Julio López y sindicado asesino de Ambrosio De Marco y Patricia Dell'Orto.
La medida fue decidida luego de que el diario Perfil publicara una nota donde revelaba las dudas de la fiscalía respecto de la muerte de Trotta y de que un familiar del represor se acercara al juzgado a solicitar la exhumación para despejar, incluso, sus propias dudas.
Hace más de un año, el fiscal federal de la Unidad Fiscal que interviene en casos de terrorismo de Estado en La Plata, Sergio Franco, solicitó a Corazza que corrobore si Trotta había muerto y si actualmente vivía en una casa de Los Hornos.
Las dudas del fiscal, que pidió su detención en la causa por los crímenes en la comisaría 5ta, se fundan en diferentes indicios:
1) Cuando la Cámara Federal porteña quiso ubicar a Trotta en 1986 para convocarlo a declarar en el juicio a Ramón Camps y otros, la Jefatura de Policía respondió que no existía un policía con ese nombre y apellido.
2) Ante una nueva insistencia de aquellos jueces, la misma Jefatura reconoció la existencia de un policía con esos datos.
3) La misma policía fue la encargada de citar a Trotta, quien nunca se presentó a declarar, razón por la cual la Cámara Federal porteña ordenó su detención, que tampoco pudo concretarse.
4) Días después de la sentencia condenatoria a Camps, Etchecolatz, Bergés, Cozzani y otros personajes, Trotta se murió. Al menos, eso dice su certificado de defunción fechado en La Plata el 28 de diciembre de 1986. Aquella sentencia ordenaba investigar a todos los responsables de la represión ilegal, especialmente a los ejecutores como Trotra.
5) Más de 20 años después, cuando la Justicia Federal investigaba la segunda desaparición de Jorge Julio López, el nombre de Trotta reapareció entre los sospechosos. Y la sorpresa: una fuerza estatal informó que vivía en Los Hornos.
"Habrá que cotejar si se trata de la misma persona o de un homónimo, pero es necesario tener en cuenta esta situación para no caer en lo que podría ser una maniobra de ocultamiento por parte del imputado. De hecho, la presunta muerte de Trotta aparece registrada sólo tres meses después de que la Justicia ordenara su comparendo por la fuerza", indicó Franco en su dictamen.
Pero el año se fue sin que Corazza ordenara la identificación del imputado, y Franco le solicitó otra orden de detención contra Trotta por los crímenes cometidos en el centro clandestino que funcionó el Destacamento de Arana. El juez libró la orden y el 17 de noviembre de 2007 la policía se presentó en el domicilio del Trotta de Los Hornos para detenerlo."No coincidía el número de documento, aunque era similar, y esta persona no tenía segundo nombre. Por eso, luego de otra diligencia, di por concluida mi tarea", explicó a Perfil el policía encargado de cumplir con la orden judicial.
"No soy el Trotta que ustedes buscan, yo me llamo Ángel solo", le dijo el Trotta de Los Hornos al dominical.
La medida ahora dispuesta por Corazza incluye la realización de un estudio de ADN de los restos sepultados que se comparará con el de un familiar directo del represor.