El fiscal de la Unidad especial que interviene en casos de terrorismo de Estado en La Plata, Sergio Franco, solicitó las declaraciones indagatorias del juez de la Cámara Penal de La Plata, Pedro Luis Soria (foto); del juez de la Cámara Penal de Lomas de Zamora, Héctor Hugo Decastelli; del ex fiscal bonaerense, Antonio Andrés Raimundi; y de once ex militares, entre los que se encuentra el dictador bonaerense, Ibérico Saint Jean.
Franco formuló su pedido ante el juez federal cuyo apellido es un color, Humberto Manuel Blanco, en el marco de la causa que investiga los crímenes ocurridos en la Unidad Penal Nº9 de La Plata durante la última dictadura.
Las imputaciones contra los dos jueces y el ex fiscal son por el delito de encubrimiento del homicidio del mendocino Marcos Ibáñez Gatica, quien falleció tras una larga agonía el 10 de septiembre de 1977 tras haber sido encontrado colgado en su celda el 25 de julio de aquél año.
Durante la instrucción de la causa, tanto Blanco como la Sala II de la Cámara Federal dieron por acreditado que la muerte de Ibañez fue un homicidio calificado. “Teniendo en cuenta los distintos testimonios y las contradicciones existentes con los hechos relatados en el sumario administrativo labrado como consecuencia del supuesto intento de suicidio, cabe señalar que no tiene asidero la teoría del suicidio, pues en la época de [el ex jefe del penal, Abel David] Dupuy, [los detenidos] entraban desnudos a las celdas de castigo y la ropa que era provista (eran andrajos) hacía imposible que pudieran ser utilizada para colgarse de ella”, sostuvo Blanco en mayo de 2006 al procesar a varios miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense, en un fallo que fue confirmado este año por la Sala II de la Cámara Federal, compuesta por Leopoldo Schiffrin, Gregorio Fleicher y Román Compaired.
En 1977 el primer juez que se hizo cargo de la causa fue el fallecido (y por eso zafó en esta causa) Nelky Martínez, quien declinó la competencia en Soria, por entonces a cargo del Juzgado en lo Penal Nº5 del Departamento Judicial La Plata.
En su dictamen, el fiscal Franco sostuvo que "un día después de recibidas dichas actuaciones, el magistrado Soria dictó sobreseimiento provisional sin contar en la causa con el certificado de defunción acreditante del deceso de Ibáñez Gatica, sino tan sólo con las declaraciones testimoniales aportadas por la instrucción policial" y, en ese sentido, destacó que esas declaraciones "fueron prestadas por internos de la Unidad, que utilizaron términos inusuales, como asimismo juicios de valor absolutamente infundados y desproporcionados con relación a la situación en la que se hallaban. Sugestivamente tales declaraciones son idénticas entre sí".
Franco resaltó que "sólo con estos elementos y sin disponer de las medidas mínimas e indispensables que sin lugar a dudas ameritaba un hecho como el que se estaba instruyendo -como la realización de la autopsia del cuerpo con el objeto de constatar las causas del deceso de la víctima- el juez dictó el sobreseimiento provisional". Y finalmente citó la propia resolución del juez, quien sostuvo que no surgía "de las constancias de autos debidamente justificada la perpetración de delito alguno en el hecho que dio motivo a la formación del presente sumario".
"Esta resolución, por lo demás, -indicó Franco en su dictamen- careció de todo fundamento y, más grave aún, fue suscripta en un formulario tipo cliché".
El certificado de defunción de Ibañez recién arribó al juzgado -por pedido del entonces fiscal y actual juez de Casación, Horacio Piombo- en febrero de 1978, tras lo cual las actuaciones se archivaron.
Pero a mediados de los 80, a raíz de otra denuncia, un nuevo expediente se abrió por la muerte de Ibañez Gatica. El expediente anduvo boyando por diferentes juzgados provinciales entre 1984 y 1987, hasta que recayó en el mismo juzgado, en el que ya no estaba Soria, sino Decastelli. Este último intentó ubicar al testigo Eduardo Schaposnik (sobreviviente de la represión ilegal que podía contar realmente lo que había ocurrido con Ibáñez), pero como no logró encontrarlo y citarlo, el 27 de noviembre de 1987 dictó el sobreseimiento provisional de la causa, que fue consentido "sin más" (Franco dixit) por el entonces fiscal de primera instancia, Antonio Andrés Raimundi.
"La lectura de ambas causas es más que sugerente en cuanto a la posibilidad de que se hayan verificado maniobras de encubrimiento de un crimen de lesa humanidad mediante la actuación de los magistrados que intervinieron en sus trámites", sostuvo Franco en el pedido de indagatorias, y recordó que el delito de encubrimiento no está prescripto porque es un crimen conexo con el delito de lesa humanidad -y, por tanto, imprescriptible- que significó el homicidio de Ibáñez. "Parece ser el ex juez Soria (h) quien ha tenido un rol más destacado en los hechos, aunque cabe señalar que también han tenido intervención de relevancia los Dres. Héctor Hugo Decastelli y Antonio Andrés Raimundi", abundó el fiscal de la Unidad especial.
De esta manera, Soria redondea un buen año: a comienzos de 2007, renunció a su candidatura a decano de la Facultad de Derecho de la UNLP cuestionado por haber rechazado habeas corpus de desaparecidos y a fin de año un fiscal federal lo acusa de encubrimiento en un crimen de lesa humanidad.
En tanto, el fiscal Franco también solicitó una serie de medidas de prueba para examinar la presunta responsabilidad del ex juez federal porteño Eduardo Marquard en las desapariciones de Gonzalo Abel Carranza y Juan Pettigiani, quienes fueron secuestrados a la salida de la U9 tras la orden de liberación emitida por aquél magistrado.
Milicos
Franco también solicitó la indagatoria del entonces ministro del Interior de la Nación, general Albano Harguindeguy, por el secuestro de Julio César Urien.
También requirió la indagatoria del dictador provincial Ibérico Saint Jean por todos los hechos de tortura y homicidios registrados en la U9, dado que "su mando orgánico sobre el Servicio Penitenciario bonaerense y, por tal conducto, sobre la U9, resulta claro".
Por otro lado, el fiscal solicitó las indagatorias del ex coronel Orlando Ruarte y del ex oficial del Ejército, Ignacio Russo, por los homicidios de Dardo Cabo y Rufino Pirles, quienes fueron sacados de la U9 y asesinados el 5 de enero de 1977 durante un supuesto traslado al penal de Sierra Chica. En la causa se encuentra acreditado que Ruarte fue quien dio la orden del traslado y que Russo fue quien retiró a las dos víctimas de la U9.
Por el caso de Cabo y Pirles, Franco también imputó -en este caso por encubrimiento- a los militares que tuvieron intervención en el sumario instruido por el Consejo de Guerra Especial Estable 1/1, tras la muerte de los reclusos: el 2º jefe del Regimiento 7, Oscar Pablo Eugenio Billoni, el coronel Juan Carlos Bazilis, el teniente de navío Eduardo Puricelli y el general Mario Alfredo Piotti.
Además, Franco solicitó la indagatoria del coronel Lucio Carlos Ramírez, quien participó el 26 de enero de 1977 del traslado de Ángel Georgiadis y Julio César Urien desde la U9 al Regimiento 7, donde Georgiadis fue asesinado y Urien continuó privado de su libertad.
El fiscal federal también solicitó la declaración indagatoria de los ex coroneles Carlos Oscar Sánchez Toranzo y Carlos Ricardo Campoamor, interrogadores del Ejército en la U9. Franco, en principio, imputó a Sánchez Toranzo los hechos que perjudicaron a Pablo Díaz, Raúl Codesal, Ricardo Victorino Molina, Gabriel Oscar Marotta, Luis Julián Farina, Luis Anibal Rivadeneira, Luis Alberto Messa y Carlos Mario Gutiérrez, mientras que Campoamor, por el momento, sólo esta imputado por el caso de Pablo Díaz. "De manera similar a lo que sucedía en otros centros de detención con el capellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Christian Federico Von Wernich, la acción de ambos militares se inscribe dentro de la práctica de tormentos a la que se encontraban sometidos los detenidos ilegales de la U.9., aún cuando ellos mismos no practicaran tormentos físicos, puesto que a fin de llevar adelante sus cuestionarios indudablemente aprovechaban la situación de padecimiento de las personas allí detenidas", sostuvo el fiscal.
Finalmente, el Franco solicitó una serie de medidas para investigar la presunta responsabilidad de un médico del Servicio Penitenciario -cuyo nombre no se revelará- en la falsificación de los datos del certificado de defunción de un interno asesinado.
