El tapón de la botella

Era la noticia que menos esperaba. Si veníamos hablando del cuello de botella que sufrirían los procesos penales por crímenes de lesa humanidad en los dos tribunales orales federales de La Plata, ahora debemos recurrir a la metáfora del tapón para describir lo que está ocurriendo. A la ya crítica situación que tiene el TOF N°1 porque no celebra un juicio oral desde hace ocho meses se le suman en cola los enormes expedientes por crímenes de lesa humanidad. Ese tribunal, integrado por Carlos Rozanski, Horacio Isaurralde y Pablo Bertuzzi, hace cuatro meses que tiene la causa de la U9 para juzgar y aun no corrió traslado a las partes para que ofrezcan prueba y mucho menos fijó audiencia de debate. La mora en el juzgamiento de causas federales ordinarias y la mala relación entre los integrantes del tribunal –que no pueden sentarse ni a conversar del estado del tiempo- contribuyen a estrangular el cuello de la botella.
El tapón se produce porque el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata se declaró incompetente para juzgar a los imputados en la causa de la Comisaría 5ª y envió el expediente al TOF 1, que ya condenó a reclusión perpetua al policía Miguel Etchecolatz y al sacerdote en actividad Christian Von Wernich. Los jueces Nelson Jarazo, Jorge Michelli y Alejandro Esmoris explicaron que los crímenes se cometieron “dentro del mismo marco fáctico” que los de ambos condenados, por lo cual “se impone su juzgamiento por un único tribunal”, que debe ser “el que primero intervino y que tiene pendiente de juzgar otras conductas de la misma especie”.
La semana anterior el TOF 2 también se había declarado incompetente en la causa “Antonini”, que investiga la privación ilegal de la libertad de Chicha Mariani. De esta manera, no quedan dudas que el TOF 2 no quiere juzgar un solo caso.
Los siguientes juicios, entonces, quedan en manos del TOF 1: U9, comisaría 5ta (1era y 2da parte), la sustracción de Natalia Suárez Nelson, la causa Antonini, la causa Raffo, que incluye los CCD Puesto Vasco y COTI Martínez –el juez Corazza acaba de decretar el cierre de la instrucción- y, por conexidad -cuando sean elevadas-, las causas por los crímenes en Arana y la Brigada platense.
Lo único bueno de la medida es que jueces como Jarazo y Esmoris, que hicieron una evaluación restrictiva y conservadora –por utilizar sólo dos adjetivos positivos- de la prueba en el juicio por el crimen de Carlos Labolita, estarán apartados del juzgamiento de estas causas.
La contrapartida es que ahora se demorarán más los juicios. La única posibilidad de cambiar el escenario es que la Cámara de Casación, tal como lo hizo con los tribunales porteños por pedido de la Procuración General de la Nación, ordene una redistribución de las causas elevadas entre los dos tribunales orales federales de la jurisdicción. El remedio contra la injusticia es la justicia, no el apartamiento de los jueces.

Más causas a juicio: El cuello de la botella y los tribunales orales

El fiscal federal Sergio Franco, integrante de la Unidad Fiscal que interviene en casos de terrorismo de Estado, solicitó la semana pasada la elevación de dos causas a juicio oral y público. Se trata de un caso de sustracción de la hija de desaparecidos María Natalia Suárez Nelson. Su apropiador, Omar Alonso, y el marino sindicado como entregador, Juan Carlos Herzberg, fueron acusados y su juicio se ventilará ante el TOCF Nº1 de La Plata. Hoy la Cámara Federal confirmó que Alonso debe esperar el juicio en prisión domiciliaria.

Franco también pidió la elevación a juicio de la segunda parte de la causa de la comisaría 5ta y del ataque a la casa Mariani-Teruggi, que tiene a siete procesados: la figurita repetida Miguel Etchecolatz (foto), Carlos García, Horacio Elizardo Luján, Luis Vicente Patrault, Domingo Almeida, Alejandro Agustín Arias Duval y Hugo Alberto Guallama. El fiscal pidió el cierre de la instrucción y la elevación de la causa a juicio por orden del Procurador General de la Nación, que solicitó el año pasado a todos los fiscales que, una vez producida la confirmación de los procesamientos de los imputados por parte de las Cámaras Federales, se requiera a los jueces la elevación del sumario a la fase oral.

Franco reclamó que esta causa se unifique con la de la comisaría 5ta, que fue elevada recientemente al Tribunal Oral Federal Nº2 de La Plata. De esta manera, el juicio tendría en el banquillo a los mismos imputados que antes, pero se juzgarán más casos. De todas formas, las dos causas juntas -si bien incluyen más de cien víctimas- representan una mínima porción de los represores imputados.

En julio pasado el mismo fiscal solicitó la elevación a juicio de la denominada "causa Raffo", también conocida como Camps II, que incluye en su objeto procesal los centros clandestinos que funcionaron en la Subcomisaría de Don Bosco, Quilmes (Puesto Vasco), y en la actual Dirección Departamental de Investigaciones de Martínez (COTI Martínez). Esa causa incluye a los siguientes imputados: los militares Rodolfo Aníbal Campos e Ibérico Saint Jean; los policías Eros Amílcar Tarela, Norberto Cozzani, Roberto Antonio Cabrera, Sergio Arturo Verduri, Jorge Antonio Bergés y Etchecolatz; y el civil Jaime Lamont Smart.

Una vez que el juez Corazza lo eleve a juicio, el expediente se ventilaría, también, en el TOCF Nº1.

Así, se empiezan a acumular causas en los dos tribunales orales de La Plata. Cada uno ya tiene una causa grande radicada, que esperan ser juzgadas. El Nº1, la de la U9; y el Nº2, la de la 5ta (primera y segunda parte). Ahora, la causa por la sustracción de Natalia Suárez Nelson llegará al Nº1, al igual que la causa Raffo. También en el Nº1 está radicada la causa en la que se encuentra imputado el policía Santiago Antonini por la privación ilegal de la libertad de la abuela Chicha Mariani, que espera ser juzgada.

El retraso de todas estas causas durante la instrucción, parece, tendrá su correlato en la instancia oral y pública. El cuello de botella que se formará en los tribunales orales -el escenario de los procesos judiciales en el que parece que se está más cerca de la justicia- provocará que la espera por el castigo justo sea aún mayor.

De todo menos violeta

El ex policía de la Brigada de Investigaciones de Avellaneda Miguel Ángel Ferreyro irá a juicio oral y público por el secuestro y las torturas de cuatro personas: Nilda Eloy, Horacio Matoso, Adolfo Manuel Paz y Oscar Ernesto Solís. El juez Humberto Manuel Blanco cerró la instrucción de la causa que fue iniciada a raíz de una denuncia en el Juicio por la Verdad en 2001. Contra Ferreyro también pesaba la acusación de violación contra Nilda Eloy, pero fue sobreseído el 28 de julio pasado por falta de pruebas. A pedido del fiscal federal Sergio Franco, el juez Blanco lo había procesado también por ese hecho pero la Cámara Federal le dictó la falta de mérito.

Tras esa falta de mérito no pudieron recogerse más pruebas en la instrucción, por lo cual el juez decretó el sobreseimiento, que fue consentido por la fiscalía.

La historia de esta causa comenzó cuando Ferreyro terminó su declaración ante la Cámara Federal de La Plata en el Juicio por la Verdad el 28 de noviembre de 2001. En ese momento, Eloy se acercó llorando ante el tribunal para denunciar que entre noviembre y diciembre de 1976, mientras estuvo detenida ilegalmente en la Brigada de Avellaneda, Ferreyro —que hoy cuenta 68 años— era cabo de guardia de aquella dependencia. Lo reconoció por la voz y por su anillo. Y también denunció que ese policía la había violado.

Dos semanas después, la Cámara Federal le tomó declaración indagatoria por todos esos hechos. Fue el primer policía detenido en el Juicio por la Verdad de La Plata, el 12 de diciembre de 2001, por delitos cometidos durante la dictadura.

La causa que ahora irá a juicio se ventilaría ante el TOCF Nº2 de La Plata.