viernes, 30 de julio de 2010

Genocidio: lo importante es el propósito del crimen y no la cantidad de víctimas

Durante la última jornada de audiencias en el juicio oral y público a los represores de la Unidad Penal Nº9 de La Plata, el 20 de julio pasado, el sociólogo Daniel Feierstein -autor, entre otros libros, de "El genocidio como práctica social"-, trazó la diferencia entre crímenes de lesa humanidad y genocidio, y explicó que lo ocurrido durante la dictadura en nuestro país fue lo segundo. Dijo Feierstein: "El genocidio es una variedad de los crímenes contra la humanidad (...) Un caso claro de un crimen de lesa humanidad que no configura un genocidio son las bombas sobre Japón durante la Segunda Guerra Mundial. No es que se pretendió establecer el terror y transformar la identidad del conjunto social (como ocurre con un genocidio), sino que se cometió una práctica cuya consecuencia concreta fue agredir a población civil de modo indiscriminado. La gran diferencia es quién es el sujeto pasivo del delito. Es altamente relevante el concepto de genocidio para definir quién ha sido víctima y en qué medida la sociedad argentina puede entender que los hechos no sólo afectan a las víctimas y a su familia, sino a todo el conjunto social, como además que todo lo que se produjo fue consecuencia de una práctica intencional".

martes, 1 de septiembre de 2009

Monte Chingolo, causa platense

La Justicia Federal de La Plata deberá investigar las violaciones a los derechos humanos perpetradas por integrantes del Ejército Argentino durante y después del ataque del Ejército Revolucionario del Pueblo el 23 de diciembre de 1975 al Batallón de Arsenales Domingo Viejobueno, de Monte Chingolo, partido de Quilmes.
De acuerdo con la denuncia formulada ante los tribunales porteños –que declinaron su competencia a favor del juez federal platense Humberto Blanco- por el abogado de la Liga Argentina por los Derechos de Hombre, Rodolfo Yanzón, el Ejército Argentino capturó con vida a milicianos del ERP, que luego fueron torturados, ejecutados y desaparecidos. Debieron haber sido tratados en base a las Convenciones de Ginebra sobre Derecho Humanitario, que se aplican en supuestos de conflictos armados.
Hubo dos causas por el hecho: una, investigada en el fuero militar, que investigó lo ocurrido portones adentro del Viejobueno. La otra, que investigó lo ocurrido puertas afuera, fue llevada adelante por el juez federal platense Héctor Adamo. Ninguna de las dos causas avanzó: en ambas
se convalidó la versión militar de que no quedó ningún militante vivo en el enfrentamiento armado.
La querella de los familiares que representa Yanzón sostuvo en el proceso que el ERP había sido infiltrado por la inteligencia militar, que esperaba el ataque y no lo impidió justamente con el objetivo de exterminar a los atacantes.
La causa estuvo en manos del juez porteño Julián Ercolini, quien se declaró incompetente, fallo que fue confirmado por la Cámara Federal porteña. Ahora es Blanco quien debe investigar el caso, en el que –entre otras cosas- deberá resolver si los crímenes prescribieron o son de lesa
humanidad e imprescriptibles.

lunes, 24 de agosto de 2009

El tapón de la botella

Era la noticia que menos esperaba. Si veníamos hablando del cuello de botella que sufrirían los procesos penales por crímenes de lesa humanidad en los dos tribunales orales federales de La Plata, ahora debemos recurrir a la metáfora del tapón para describir lo que está ocurriendo. A la ya crítica situación que tiene el TOF N°1 porque no celebra un juicio oral desde hace ocho meses se le suman en cola los enormes expedientes por crímenes de lesa humanidad. Ese tribunal, integrado por Carlos Rozanski, Horacio Isaurralde y Pablo Bertuzzi, hace cuatro meses que tiene la causa de la U9 para juzgar y aun no corrió traslado a las partes para que ofrezcan prueba y mucho menos fijó audiencia de debate. La mora en el juzgamiento de causas federales ordinarias y la mala relación entre los integrantes del tribunal –que no pueden sentarse ni a conversar del estado del tiempo- contribuyen a estrangular el cuello de la botella.
El tapón se produce porque el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata se declaró incompetente para juzgar a los imputados en la causa de la Comisaría 5ª y envió el expediente al TOF 1, que ya condenó a reclusión perpetua al policía Miguel Etchecolatz y al sacerdote en actividad Christian Von Wernich. Los jueces Nelson Jarazo, Jorge Michelli y Alejandro Esmoris explicaron que los crímenes se cometieron “dentro del mismo marco fáctico” que los de ambos condenados, por lo cual “se impone su juzgamiento por un único tribunal”, que debe ser “el que primero intervino y que tiene pendiente de juzgar otras conductas de la misma especie”.
La semana anterior el TOF 2 también se había declarado incompetente en la causa “Antonini”, que investiga la privación ilegal de la libertad de Chicha Mariani. De esta manera, no quedan dudas que el TOF 2 no quiere juzgar un solo caso.
Los siguientes juicios, entonces, quedan en manos del TOF 1: U9, comisaría 5ta (1era y 2da parte), la sustracción de Natalia Suárez Nelson, la causa Antonini, la causa Raffo, que incluye los CCD Puesto Vasco y COTI Martínez –el juez Corazza acaba de decretar el cierre de la instrucción- y, por conexidad -cuando sean elevadas-, las causas por los crímenes en Arana y la Brigada platense.
Lo único bueno de la medida es que jueces como Jarazo y Esmoris, que hicieron una evaluación restrictiva y conservadora –por utilizar sólo dos adjetivos positivos- de la prueba en el juicio por el crimen de Carlos Labolita, estarán apartados del juzgamiento de estas causas.
La contrapartida es que ahora se demorarán más los juicios. La única posibilidad de cambiar el escenario es que la Cámara de Casación, tal como lo hizo con los tribunales porteños por pedido de la Procuración General de la Nación, ordene una redistribución de las causas elevadas entre los dos tribunales orales federales de la jurisdicción. El remedio contra la injusticia es la justicia, no el apartamiento de los jueces.

sábado, 15 de agosto de 2009

Más causas a juicio: El cuello de la botella y los tribunales orales


El fiscal federal Sergio Franco, integrante de la Unidad Fiscal que interviene en casos de terrorismo de Estado, solicitó la semana pasada la elevación de dos causas a juicio oral y público. Se trata de un caso de sustracción de la hija de desaparecidos María Natalia Suárez Nelson. Su apropiador, Omar Alonso, y el marino sindicado como entregador, Juan Carlos Herzberg, fueron acusados y su juicio se ventilará ante el TOCF Nº1 de La Plata. Hoy la Cámara Federal confirmó que Alonso debe esperar el juicio en prisión domiciliaria.
Franco también pidió la elevación a juicio de la segunda parte de la causa de la comisaría 5ta y del ataque a la casa Mariani-Teruggi, que tiene a siete procesados: la figurita repetida Miguel Etchecolatz (foto), Carlos García, Horacio Elizardo Luján, Luis Vicente Patrault, Domingo Almeida, Alejandro Agustín Arias Duval y Hugo Alberto Guallama. El fiscal pidió el cierre de la instrucción y la elevación de la causa a juicio por orden del Procurador General de la Nación, que solicitó el año pasado a todos los fiscales que, una vez producida la confirmación de los procesamientos de los imputados por parte de las Cámaras Federales, se requiera a los jueces la elevación del sumario a la fase oral.
Franco reclamó que esta causa se unifique con la de la comisaría 5ta, que fue elevada recientemente al Tribunal Oral Federal Nº2 de La Plata. De esta manera, el juicio tendría en el banquillo a los mismos imputados que antes, pero se juzgarán más casos. De todas formas, las dos causas juntas -si bien incluyen más de cien víctimas- representan una mínima porción de los represores imputados.
En julio pasado el mismo fiscal solicitó la elevación a juicio de la denominada "causa Raffo", también conocida como Camps II, que incluye en su objeto procesal los centros clandestinos que funcionaron en la Subcomisaría de Don Bosco, Quilmes (Puesto Vasco), y en la actual Dirección Departamental de Investigaciones de Martínez (COTI Martínez). Esa causa incluye a los siguientes imputados: los militares Rodolfo Aníbal Campos e Ibérico Saint Jean; los policías Eros Amílcar Tarela, Norberto Cozzani, Roberto Antonio Cabrera, Sergio Arturo Verduri, Jorge Antonio Bergés y Etchecolatz; y el civil Jaime Lamont Smart.
Una vez que el juez Corazza lo eleve a juicio, el expediente se ventilaría, también, en el TOCF Nº1.
Así, se empiezan a acumular causas en los dos tribunales orales de La Plata. Cada uno ya tiene una causa grande radicada, que esperan ser juzgadas. El Nº1, la de la U9; y el Nº2, la de la 5ta (primera y segunda parte). Ahora, la causa por la sustracción de Natalia Suárez Nelson llegará al Nº1, al igual que la causa Raffo. También en el Nº1 está radicada la causa en la que se encuentra imputado el policía Santiago Antonini por la privación ilegal de la libertad de la abuela Chicha Mariani, que espera ser juzgada.
El retraso de todas estas causas durante la instrucción, parece, tendrá su correlato en la instancia oral y pública. El cuello de botella que se formará en los tribunales orales -el escenario de los procesos judiciales en el que parece que se está más cerca de la justicia- provocará que la espera por el castigo justo sea aún mayor.

lunes, 10 de agosto de 2009

De todo menos violeta

El ex policía de la Brigada de Investigaciones de Avellaneda Miguel Ángel Ferreyro irá a juicio oral y público por el secuestro y las torturas de cuatro personas: Nilda Eloy, Horacio Matoso, Adolfo Manuel Paz y Oscar Ernesto Solís. El juez Humberto Manuel Blanco cerró la instrucción de la causa que fue iniciada a raíz de una denuncia en el Juicio por la Verdad en 2001. Contra Ferreyro también pesaba la acusación de violación contra Nilda Eloy, pero fue sobreseído el 28 de julio pasado por falta de pruebas. A pedido del fiscal federal Sergio Franco, el juez Blanco lo había procesado también por ese hecho pero la Cámara Federal le dictó la falta de mérito.
Tras esa falta de mérito no pudieron recogerse más pruebas en la instrucción, por lo cual el juez decretó el sobreseimiento, que fue consentido por la fiscalía.
La historia de esta causa comenzó cuando Ferreyro terminó su declaración ante la Cámara Federal de La Plata en el Juicio por la Verdad el 28 de noviembre de 2001. En ese momento, Eloy se acercó llorando ante el tribunal para denunciar que entre noviembre y diciembre de 1976, mientras estuvo detenida ilegalmente en la Brigada de Avellaneda, Ferreyro —que hoy cuenta 68 años— era cabo de guardia de aquella dependencia. Lo reconoció por la voz y por su anillo. Y también denunció que ese policía la había violado.
Dos semanas después, la Cámara Federal le tomó declaración indagatoria por todos esos hechos. Fue el primer policía detenido en el Juicio por la Verdad de La Plata, el 12 de diciembre de 2001, por delitos cometidos durante la dictadura.
La causa que ahora irá a juicio se ventilaría ante el TOCF Nº2 de La Plata.

martes, 21 de abril de 2009

Von Wernich saldrá de la cárcel en nave espacial


No sabemos qué nos deparará el futuro pero, quién sabe, quizá el genocida Christian Von Wernich pueda dejar en 2038 el penal que lo alberga en un vehículo que no se apoye sobre el suelo y levite por obra y gracia de la tecnología. Eso es lo hipotético de esta noticia. 
Ahora, lo cierto: Después de que la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la condena a reclusión perpetua de Von Wernich, el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata realizó el cómputo de la pena y pasó la causa "a la etapa de ejecución de sentencia", dice la orden firmada el 17 de abril pasado por el juez Carlos Rozanski.
Rozanski se basó para ello en el informe realizado por el secretario del tribunal, Maricio Macagno, quien escribió que Von Wernich "se encuentra detenido en la presente causa desde el 25 de septiembre de 2003, es decir que lleva en prisión 5 años, 6 meses y 23 días; y por la nueva redacción del art. 13 del Código Penal (según ley 25892), el condenado podrá obtener su libertad condicional al cumplir treinta y cinco (35) años de condena, o sea el 24 de septiembre de 2038". 
Faltan 29 años. ¡Casi la misma cantidad que tuvo de impunidad! 

viernes, 9 de enero de 2009

Abrieron la jaula de tres buitres

Tres jefes de Arana y de la Brigada platense quedaron libres por orden de Casación y ya son cuatro los represores de esos centros clandestinos que esperarán libres el juicio oral. El fiscal de Casación no apeló y la orden se hizo efectiva el 6 de enero.

Por orden de la Cámara Nacional de Casación Penal, el juez federal platense Humberto Blanco, que subroga durante la feria judicial a su colega Arnaldo Corazza, dispuso el 6 de enero la excarcelación de tres represores acusados de crímenes de lesa humanidad en los centros clandestinos de detención del Destacamento de Arana y la Brigada de Investigaciones de La Plata.
Miguel Kearney, jefe del Destacamento de Arana, y Rubén Oscar Páez y Jesús Bernabé Corrales, jefe y subjefe de la Brigada de Investigaciones platense durante la dictadura, recuperaron la libertad luego de presentar las garantías para cubrir una caución de 75 mil pesos cada uno.
Las libertades fueron dispuestas por la Sala III de la Casación entre el 22 y el 23 de diciembre pasado y recién se efectivizaron este martes, luego del arribo de los expedientes al juzgado federal de Corazza. Los jueces que ordenaron las excarcelaciones son Ángela Ester Ledesma, Guillermo Tragant y Eduardo Rafael Riggi, con pequeñas disidencias en sus votos pero con acuerdo total en el fondo de la cuestión.
Esta vez no otorgaron una excarcelación con el argumento de que los represores llevan más del tiempo razonable detenidos, como lo hicieron sus colegas de la Sala II a mediados de diciembre pasado con los ex marinos de la ESMA. Ninguno de los tres ex policías imputados cumplió dos años de detención, ya que fueron arrestados en mayo de 2007. Tras recordar que "las únicas circunstancias que obstan a la concesión de la excarcelación son: 1) peligro de fuga y 2) riesgo de entorpecimiento en la investigación", los jueces evaluaron sus situaciones personales con consideraciones exasperantes, sobre todo la relativa a que no está probado que hayan intentado "entorpecer el curso de las investigaciones".
Señalaron que "pese a la severidad de la pena prevista, los restantes elementos de juicio que ofrece el sumario controvierten la presunción de fuga que podría pesar sobre el acusado". Y para ello ponderaron, en el caso de Páez (similar al del resto): 1) La circunstancia de posser una resiencia estable en el país (...) tratándose de una finca de su propiedad; 2) su sometimiento a la acción de la justicia, que se deriva de la circunstancia de no haberse resistido al arresto y de haber sido regularmente ubicado en su domicilio; 3) la edad del encausado, quien nació el día 27 de agosto de 1935, por lo que en la actualidad tiene 73 años de edad; 4) su núcleo familiar conviviente, compuesto por su esposa, su hija y dos nietos, el que se erige como un motivo que lo mantendrá en la jurisdicción; 5) el correcto comportamiento evidenciado durante su detención bajo el régimen de arresto domiciliario y su regular acatamiento de las obligaciones procesales derivadas del mismo; y 6) la circunstancia que desde la fecha de los hechos que se le imputan al presente han transcurrido más de treinta años, no observándose acto alguno por parte del acusado que indique que durante ese largo período en el que se encontró en libertad hubiera realizado conducta alguna tendiente a sustraerse de la acción de la justicia, o entorpecer el curso de las investigaciones.
En el caso de Kearney los jueces valoraron positivamente que "no registra antecedentes penales", como si hubiera sido posible juzgarlo y condenarlo antes. No recordaron que la Cámara Federal porteña había ordenado su detención durante el juicio Camps y Etchecolatz en 1986 y que esa orden quedó en la nada por la ley de Obediencia Debida. 
Y concluyeron que "mantener la actual situación de encierro" de los imputados "vulnera los límites para el encarcelamiento preventivo en tanto se contrapone a las reglas de necesidad, subsidiariedad, proporcionalidad e intervención mínima a las que debe responder el mismo".
Las libertades de los tres represores podrían haber sido frenadas si el reaccionario fiscal de Casación Juan Martín Romero Victorica apelaba ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero fiel a sus compromisos y convicciones, Romero Victorica aún no presentó tal apelación (para lo cual todavía le queda tiempo), como sí lo hizo su colega Raúl Plé en el caso de los represores de la ESMA, quienes continúan detenidos.
La libertad de Kearney, Páez y Corrales se suma a la ya dictada por Corazza el 22 de diciembre pasado al guardia de Arana, Daniel Jorge Lencinas, también por orden de la misma Sala III de Casación el 18 de diciembre y con los mismos fundamentos. Esa resolución tampoco fue apelada por Romero Victorica.
En la página web de la Procuración General de la Nación aparece, en primer lugar, desde fines de diciembre pasado, un comunicado de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado referente al tema de las excarcelaciones, que explica cómo un recurso de apelación del fiscal puede frenar la medida. ¿Leerá Romero Victorica la página web de la Procuración y el Código Procesal Penal? ¿Alguien le recordará desde la Procuración lo que se espera de él? ¿Escracharán los organismos de derechos humanos al fiscal y a los jueces?
Es interesante el accionar de uno de los organismos platenses: repudió las excarcelaciones de los represores de la ESMA, causa en la que no es querellante, y todavía no reaccionó ante estas libertades, dispuestas en expedientes en los que es parte. Parece que sus abogados leen los diarios pero no las causas judiciales.