Un corte y una quebrada a la impunidad

El tanguero Omar Alonso, acusado de apropiarse de una hija de desaparecidos, está preso desde hace unos quince días por orden del juez federal platense Arnaldo Corazza.
El impune personaje fue detenido a pedido del fiscal integrante de la Unidad especial que interviene en casos de terrorismo de Estado, Sergio Franco, en la causa por la apropiación de María Natalia Suárez Nelson.
Alonso, que ahora pasa sus días en la cárcel de Ezeiza, no la vio venir. Quizá se creía el más impune de los imputados, porque tenía a su favor una sentencia absolutoria de la Cámara Penal de La Plata. De hecho, le hizo juicio al Estado bonaerense para que lo indemnice en 2 millones de pesos por los 731 días que estuvo detenido en la década del '90.
La Cámara Penal platense dispuso hace años la absolución de Alonso por "falta de acreditación del cuerpo del delito", al no poder realizar el examen de ADN a Natalia y, por lo tanto, no comprobar fehacientemente que no era hija del imputado y de su esposa, María Luján Di Mattía. Los crímenes que entonces y ahora se le imputan al cantante son suposición de estado civil, sustracción de menor, falsificación de instrumento público destinado a acreditar la identidad de las personas y ocultamiento.
Para los estudiosos del derecho internacional de los derechos humanos este es un caso más que interesante, dado que el fiscal solicitó la detención (y el juez la dispuso) acudiendo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para dejar sin efecto el principio de cosa juzgada, nada más y nada menos, en un caso donde actuó un tribunal independiente y dictó -por mayoría, con una impecable disidencia de Benjamín Sal Llargués- una sentencia absolutoria.
En su dictamen Franco citó la sentencia del tribunal interamericano del 22 de noviembre de 2004 en el caso "Carpio Nicolle y otros" que, entre otras cosas, dice: "Esta Corte considera que si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de violaciones a los derechos humanos, y más aún, de los responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existe un sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada, puesto que las exigencias de la justicia, los derechos de las víctimas y la letra y espíritu de la Convención Americana desplaza la protección del ne bis in idem [cosa juzgada]".
En el final de su dictamen el fiscal dejó a salvo su criterio sobre la cosa juzgada, que considera "un principio estructurante del Estado de Derecho que debe ser respetado bajo cualquier circunstancia, pero que la intangibilidad del instituto debe ceder en los supuestos puestos de manifiesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación que son, en sustancia, hipótesis excepcionales de manifiesta y grave injusticia, cuya individualización debe obedecer a un criterio de selección muy estricto y restrictivo".
La bellísima Natalia recuperó su identidad el año pasado cuando el resultado de ADN dio positivo respecto de los desaparecidos María Elena Corvalán y Mario Suárez Nelson.
Natalia se negó durante años a una extracción de sangre. La incomprensión de funcionarios judiciales provinciales frente a esa negativa le produjo grandes sufrimientos.
Cuando la causa pasó a la Justicia Federal, el paciente juez Corazza se tomó tiempo para estudiar el caso y obtuvo la muestra de ADN mediante un procedimiento innovador: ordenó un allanamiento de madrugada en el domicilio de la joven a cargo de mujeres de la Gendarmería Nacional, que secuestraron las sábanas de su cama, el cepillo de dientes y otros elementos íntimos de los que fue posteriormente posible extraer la muestra necesaria.
“Esta vía se constituye como una herramienta válida para aliviar a los jóvenes del peso de la decisión de someterse a la extracción de sangre e igualmente respetar el derecho de los familiares, las Abuelas y la sociedad a conocer su verdadera identidad”, señaló entonces la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo en un comunicado.