El tapón de la botella

Era la noticia que menos esperaba. Si veníamos hablando del cuello de botella que sufrirían los procesos penales por crímenes de lesa humanidad en los dos tribunales orales federales de La Plata, ahora debemos recurrir a la metáfora del tapón para describir lo que está ocurriendo. A la ya crítica situación que tiene el TOF N°1 porque no celebra un juicio oral desde hace ocho meses se le suman en cola los enormes expedientes por crímenes de lesa humanidad. Ese tribunal, integrado por Carlos Rozanski, Horacio Isaurralde y Pablo Bertuzzi, hace cuatro meses que tiene la causa de la U9 para juzgar y aun no corrió traslado a las partes para que ofrezcan prueba y mucho menos fijó audiencia de debate. La mora en el juzgamiento de causas federales ordinarias y la mala relación entre los integrantes del tribunal –que no pueden sentarse ni a conversar del estado del tiempo- contribuyen a estrangular el cuello de la botella.
El tapón se produce porque el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata se declaró incompetente para juzgar a los imputados en la causa de la Comisaría 5ª y envió el expediente al TOF 1, que ya condenó a reclusión perpetua al policía Miguel Etchecolatz y al sacerdote en actividad Christian Von Wernich. Los jueces Nelson Jarazo, Jorge Michelli y Alejandro Esmoris explicaron que los crímenes se cometieron “dentro del mismo marco fáctico” que los de ambos condenados, por lo cual “se impone su juzgamiento por un único tribunal”, que debe ser “el que primero intervino y que tiene pendiente de juzgar otras conductas de la misma especie”.
La semana anterior el TOF 2 también se había declarado incompetente en la causa “Antonini”, que investiga la privación ilegal de la libertad de Chicha Mariani. De esta manera, no quedan dudas que el TOF 2 no quiere juzgar un solo caso.
Los siguientes juicios, entonces, quedan en manos del TOF 1: U9, comisaría 5ta (1era y 2da parte), la sustracción de Natalia Suárez Nelson, la causa Antonini, la causa Raffo, que incluye los CCD Puesto Vasco y COTI Martínez –el juez Corazza acaba de decretar el cierre de la instrucción- y, por conexidad -cuando sean elevadas-, las causas por los crímenes en Arana y la Brigada platense.
Lo único bueno de la medida es que jueces como Jarazo y Esmoris, que hicieron una evaluación restrictiva y conservadora –por utilizar sólo dos adjetivos positivos- de la prueba en el juicio por el crimen de Carlos Labolita, estarán apartados del juzgamiento de estas causas.
La contrapartida es que ahora se demorarán más los juicios. La única posibilidad de cambiar el escenario es que la Cámara de Casación, tal como lo hizo con los tribunales porteños por pedido de la Procuración General de la Nación, ordene una redistribución de las causas elevadas entre los dos tribunales orales federales de la jurisdicción. El remedio contra la injusticia es la justicia, no el apartamiento de los jueces.