Los periodistas que se animaron

La nota que algunos estaban esperando sobre el juicio a Von Wernich fue publicada en diciembre por la revista En Marcha, de la Asociación Judicial Bonaerense. Bajo el título "El legado de Von Wernich", los periodistas Daniel Badenes y Lucas Miguel –que ya habían publicado completas crónicas del juicio en La Pulseada (Nº55) y Puentes (Nº22)– analizan "los temas que dejó otra histórica condena a un represor". En la bajada, enumeran: "La aplicación de la doctrina Santillán frente a la falta de acusación en un caso, el debate por la inclusión de una prueba, los símbolos religiosos en las sedes judiciales y la necesidad de repensar los próximos juicios a los represores". Hablan el juez Norberto Lorenzo, los fiscales Carlos Dulau Dumm y Félix Crous, los abogados querellantes Marcelo Ponce Núñez, Luis Alem, Guadalupe Godoy y Miriam Bregman, y el cosecretario general de la Federación Judicial Argentina, Víctor Mendibil.
Era hora de que alguna página impresa resquebrajara el aura del magistrado imparcial, al que la revista de Ernestina llamó El juez que se animó. En ese sentido, En Marcha de diciembre descubre la ambivalente postura de los jueces frente a la doctrina Santillán, y cuenta detalles del furioso episodio en relación al cual un fiscal considera que “el Tribunal es el padre del conflicto” y “no obró de un modo profesionalmente idóneo y éticamente cabal”. Durísimo. Roto el hechizo, hubo otros que se animaron: con sólidos argumentos, el juez penal barilochense Martín Lozada escribió en Le Monde Diplomatique (¿la voz del Estado represor?) de enero sobre la tipificación de los delitos juzgados. ¿La conclusión? No constituyen "genocidio", aunque suene lindo y traiga prensa. Ya nos ocuparemos de informar sobre los pormenores de esa nota próximamente.
La imagen aquí publicada corresponde a la apertura de la sección Justicia de la edición Nº46 de la revista de los trabajadores judiciales bonaerenses.

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Civiles y militares

Dos jueces actualmente en actividad, un ex fiscal y once militares, comprometidos en la causa por los crímenes en la U9.

El fiscal de la Unidad especial que interviene en casos de terrorismo de Estado en La Plata, Sergio Franco, solicitó las declaraciones indagatorias del juez de la Cámara Penal de La Plata, Pedro Luis Soria (foto); del juez de la Cámara Penal de Lomas de Zamora, Héctor Hugo Decastelli; del ex fiscal bonaerense, Antonio Andrés Raimundi; y de once ex militares, entre los que se encuentra el dictador bonaerense, Ibérico Saint Jean.
Franco formuló su pedido ante el juez federal cuyo apellido es un color, Humberto Manuel Blanco, en el marco de la causa que investiga los crímenes ocurridos en la Unidad Penal Nº9 de La Plata durante la última dictadura.
Las imputaciones contra los dos jueces y el ex fiscal son por el delito de encubrimiento del homicidio del mendocino Marcos Ibáñez Gatica, quien falleció tras una larga agonía el 10 de septiembre de 1977 tras haber sido encontrado colgado en su celda el 25 de julio de aquél año.
Durante la instrucción de la causa, tanto Blanco como la Sala II de la Cámara Federal dieron por acreditado que la muerte de Ibañez fue un homicidio calificado. “Teniendo en cuenta los distintos testimonios y las contradicciones existentes con los hechos relatados en el sumario administrativo labrado como consecuencia del supuesto intento de suicidio, cabe señalar que no tiene asidero la teoría del suicidio, pues en la época de [el ex jefe del penal, Abel David] Dupuy, [los detenidos] entraban desnudos a las celdas de castigo y la ropa que era provista (eran andrajos) hacía imposible que pudieran ser utilizada para colgarse de ella”, sostuvo Blanco en mayo de 2006 al procesar a varios miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense, en un fallo que fue confirmado este año por la Sala II de la Cámara Federal, compuesta por Leopoldo Schiffrin, Gregorio Fleicher y Román Compaired.
En 1977 el primer juez que se hizo cargo de la causa fue el fallecido (y por eso zafó en esta causa) Nelky Martínez, quien declinó la competencia en Soria, por entonces a cargo del Juzgado en lo Penal Nº5 del Departamento Judicial La Plata.
En su dictamen, el fiscal Franco sostuvo que "un día después de recibidas dichas actuaciones, el magistrado Soria dictó sobreseimiento provisional sin contar en la causa con el certificado de defunción acreditante del deceso de Ibáñez Gatica, sino tan sólo con las declaraciones testimoniales aportadas por la instrucción policial" y, en ese sentido, destacó que esas declaraciones "fueron prestadas por internos de la Unidad, que utilizaron términos inusuales, como asimismo juicios de valor absolutamente infundados y desproporcionados con relación a la situación en la que se hallaban. Sugestivamente tales declaraciones son idénticas entre sí".
Franco resaltó que "sólo con estos elementos y sin disponer de las medidas mínimas e indispensables que sin lugar a dudas ameritaba un hecho como el que se estaba instruyendo -como la realización de la autopsia del cuerpo con el objeto de constatar las causas del deceso de la víctima- el juez dictó el sobreseimiento provisional". Y finalmente citó la propia resolución del juez, quien sostuvo que no surgía "de las constancias de autos debidamente justificada la perpetración de delito alguno en el hecho que dio motivo a la formación del presente sumario".
"Esta resolución, por lo demás, -indicó Franco en su dictamen- careció de todo fundamento y, más grave aún, fue suscripta en un formulario tipo cliché".
El certificado de defunción de Ibañez recién arribó al juzgado -por pedido del entonces fiscal y actual juez de Casación, Horacio Piombo- en febrero de 1978, tras lo cual las actuaciones se archivaron.
Pero a mediados de los 80, a raíz de otra denuncia, un nuevo expediente se abrió por la muerte de Ibañez Gatica. El expediente anduvo boyando por diferentes juzgados provinciales entre 1984 y 1987, hasta que recayó en el mismo juzgado, en el que ya no estaba Soria, sino Decastelli. Este último intentó ubicar al testigo Eduardo Schaposnik (sobreviviente de la represión ilegal que podía contar realmente lo que había ocurrido con Ibáñez), pero como no logró encontrarlo y citarlo, el 27 de noviembre de 1987 dictó el sobreseimiento provisional de la causa, que fue consentido "sin más" (Franco dixit) por el entonces fiscal de primera instancia, Antonio Andrés Raimundi.
"La lectura de ambas causas es más que sugerente en cuanto a la posibilidad de que se hayan verificado maniobras de encubrimiento de un crimen de lesa humanidad mediante la actuación de los magistrados que intervinieron en sus trámites", sostuvo Franco en el pedido de indagatorias, y recordó que el delito de encubrimiento no está prescripto porque es un crimen conexo con el delito de lesa humanidad -y, por tanto, imprescriptible- que significó el homicidio de Ibáñez. "Parece ser el ex juez Soria (h) quien ha tenido un rol más destacado en los hechos, aunque cabe señalar que también han tenido intervención de relevancia los Dres. Héctor Hugo Decastelli y Antonio Andrés Raimundi", abundó el fiscal de la Unidad especial.
De esta manera, Soria redondea un buen año: a comienzos de 2007, renunció a su candidatura a decano de la Facultad de Derecho de la UNLP cuestionado por haber rechazado habeas corpus de desaparecidos y a fin de año un fiscal federal lo acusa de encubrimiento en un crimen de lesa humanidad.
En tanto, el fiscal Franco también solicitó una serie de medidas de prueba para examinar la presunta responsabilidad del ex juez federal porteño Eduardo Marquard en las desapariciones de Gonzalo Abel Carranza y Juan Pettigiani, quienes fueron secuestrados a la salida de la U9 tras la orden de liberación emitida por aquél magistrado.

Milicos
Franco también solicitó la indagatoria del entonces ministro del Interior de la Nación, general Albano Harguindeguy, por el secuestro de Julio César Urien.
También requirió la indagatoria del dictador provincial Ibérico Saint Jean por todos los hechos de tortura y homicidios registrados en la U9, dado que "su mando orgánico sobre el Servicio Penitenciario bonaerense y, por tal conducto, sobre la U9, resulta claro".
Por otro lado, el fiscal solicitó las indagatorias del ex coronel Orlando Ruarte y del ex oficial del Ejército, Ignacio Russo, por los homicidios de Dardo Cabo y Rufino Pirles, quienes fueron sacados de la U9 y asesinados el 5 de enero de 1977 durante un supuesto traslado al penal de Sierra Chica. En la causa se encuentra acreditado que Ruarte fue quien dio la orden del traslado y que Russo fue quien retiró a las dos víctimas de la U9.
Por el caso de Cabo y Pirles, Franco también imputó -en este caso por encubrimiento- a los militares que tuvieron intervención en el sumario instruido por el Consejo de Guerra Especial Estable 1/1, tras la muerte de los reclusos: el 2º jefe del Regimiento 7, Oscar Pablo Eugenio Billoni, el coronel Juan Carlos Bazilis, el teniente de navío Eduardo Puricelli y el general Mario Alfredo Piotti.
Además, Franco solicitó la indagatoria del coronel Lucio Carlos Ramírez, quien participó el 26 de enero de 1977 del traslado de Ángel Georgiadis y Julio César Urien desde la U9 al Regimiento 7, donde Georgiadis fue asesinado y Urien continuó privado de su libertad.
El fiscal federal también solicitó la declaración indagatoria de los ex coroneles Carlos Oscar Sánchez Toranzo y Carlos Ricardo Campoamor, interrogadores del Ejército en la U9. Franco, en principio, imputó a Sánchez Toranzo los hechos que perjudicaron a Pablo Díaz, Raúl Codesal, Ricardo Victorino Molina, Gabriel Oscar Marotta, Luis Julián Farina, Luis Anibal Rivadeneira, Luis Alberto Messa y Carlos Mario Gutiérrez, mientras que Campoamor, por el momento, sólo esta imputado por el caso de Pablo Díaz. "De manera similar a lo que sucedía en otros centros de detención con el capellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Christian Federico Von Wernich, la acción de ambos militares se inscribe dentro de la práctica de tormentos a la que se encontraban sometidos los detenidos ilegales de la U.9., aún cuando ellos mismos no practicaran tormentos físicos, puesto que a fin de llevar adelante sus cuestionarios indudablemente aprovechaban la situación de padecimiento de las personas allí detenidas", sostuvo el fiscal.
Finalmente, el Franco solicitó una serie de medidas para investigar la presunta responsabilidad de un médico del Servicio Penitenciario -cuyo nombre no se revelará- en la falsificación de los datos del certificado de defunción de un interno asesinado.

Un aporte al debate social desde la Universidad

Salió hoy a la calle
materia pendiente

EN EL PRIMER NÚMERO:
Desigualdad sin remedio
El beneficio de la industria aplasta el derecho a la salud. La que se conoce como "ley de genéricos" es en realidad un incentivo para negocios privados. Y la ley de patentes obstruye el camino de la investigación local, única garantía de soberanía. Mientras, la Unidad de Producción de Medicamentos que funciona en la Universidad platense muestra un camino alternativo para pensarlos como bien social. Integrados en una red, los laboratorios públicos del país podrían abastecer al sistema estatal, pero reciben menos apoyo que las empresas. Por Luciana Aon

POLÍTICA ACADÉMICA
Ingreso: el debate de cada verano
"Lo interesante sería poner un cupo", dicen desde Medicina, la Facultad que desde 1992 redujo sus ingresantes a menos de un tercio con una prueba eliminatoria. Otras voces refutan las restricciones, cuestionan lo que muchos exigen a la Escuela Media y proponen políticas que son la contracara. Por Daniel Badenes

La explosión de la basura
La basura no sólo constituye un problema ambiental, sino también económico. ¿Qué hacer con los rellenos CEAMSE? Hablamos con vecinos organizados, recicladores urbanos, funcionarios e investigadores de una Universidad que trabaja en temas de interés público bajo acuerdos de confidencialidad. Por Josefina Oliva

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
El veterinario de los represores
La UNLP durante la dictadura es el paradigma de la complicidad civil con las fuerzas represivas. Desde 1976, el Rectorado mantuvo persistentes contactos con las fuerzas represivas, a las que entregaba información de inteligencia sobre la comunidad universitaria. La gestión de Guillermo Gilberto Gallo reivindicaba un objetivo del golpe: "erradicar la subversión". Por Lucas Miguel

EXPERIENCIAS. Mondovino. Los productores de la costa de Berisso desafían a la globalización. Organizados en cooperativa y mano a mano con algunos universitarios, recuperaron un vino con identidad local.

DEMANDAS. Guaraníes en litigio. Quienes no tienen acceso a la Universidad pública, ¿qué le reclaman? Entre los pueblos originarios de Misiones, la respuesta es clara: las tierras que ocupan desde antaño.

Y más. SOLUCIONES COTIDIANAS. ¿Qué hacer con las pilas? / HISTORIA. El comedor universitario / LABURATORIOS. Los antropólogos, entre becas, clases y changas / ¡A LA PIPETA! Experimentos en el Museo de Física

$4.-
En venta en librería Rayuela, 7 y 44.

Un personaje

Están Tinelli, Mirtha, Susana, Charly, Messi, Mauricio, Víctor Hugo, Araceli, Sofovich, Dolina, Estela de Carlotto y también Félix. Sí, él, quién si no. El mismísimo fiscal Félix Crous. El gran ausente de la foto es Jorge Falcone. Pensaban invitarlo cuando fuera a declarar al juicio del cura, pero como no lo citaron la revista no pudo convocarlo a la glamorosa fiesta de fin de año.

Sale a la calle "Materia pendiente"

La Facultad de Ciencias Exactas lanza una revista para llegar a la comunidad y abrir debates en el mundo universitario.

El próximo jueves –13 de diciembre– a las 18 horas, la Facultad de Ciencias Exactas presentará en sociedad su nueva revista: “Materia Pendiente”. “En la reconstrucción de la Universidad nacional y popular, la Facultad desarrolla una herramienta para levantar su voz, para que la Universidad no esté más en silencio”, explica Darío Andrinolo, secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas y director de esta nueva iniciativa periodística platense.
La presentación se hará con una charla-debate sobre el rol de la Universidad en la que se discutirán dos temas de agenda social, que son abordados en las principales notas del primer número de la revista. Bajo el título “La basura y los medicamentos en el Estado de malestar: entre la necesidad pública y los negocios privados”, expondrán Cecilia Milazzo, directora de la Unidad de Producción de Medicamentos (UPM); María Julia Santamaría, integrante de la Asamblea de Vecinos y ONGs en contra de la CEAMSE; y el docente universitario Esteban Rodríguez, miembro del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ). La cita es el jueves 13 a las 18 en el Aula de Conferencias de la Facultad de Ciencias Exactas (edificio “Ex Liceo”), en las calles 50 y 115.
“La mayoría de estas páginas podrían ser definidas, en términos periodísticos, como de interés general”, reconocen al inicio de Materia Pendiente, y aclaran: “si se trata de interés general, debería despertar el interés académico”. Además del tema candente de la CEAMSE y los desafíos de la producción pública de medicamentos, el primer número aborda la experiencia de los productores del Vino de la Costa en Berisso; sugiere algunas respuestas al interrogante cotidiano de “qué hacer con las pilas” y abre un profundo debate acerca de las políticas de ingreso a la educación superior. También incluye una historia del comedor universitario y un completo informe sobre la gestión de Guillermo Gilberto Gallo al frente del Rectorado durante años en que la Universidad fue cómplice de la desaparición de sus propios docentes y estudiantes.
“La propuesta entiende que una iniciativa de comunicación sostenida por una institución no necesariamente significa hacer periodismo de gacetillas, ese que sólo exalta las bondades propias y nada más. La revista incluye voces que no son de la Facultad, acepta demandas de grupos externos a los claustros académicos y se anima a exponer limitaciones y materias pendientes”, explicó el periodista Daniel Badenes, editor de la revista. Con un cuidado diseño y realizada por un equipo de profesionales, se trata de una apuesta fuerte: la publicación tendrá una tirada de 2000 ejemplares, que será distribuida por estudiantes que se quedarán con el 75% del precio de tapa.
Sus impulsores pretenden que “sintetice e integre posiciones vinculadas a la ineludible batalla de ideas con la que, modestamente, debemos contribuir al desarrollo científico y tecnológico de la Nación y al bienestar de la sociedad”, según escribió para el número inaugural Carlos Della Védova, decano de la Facultad. Sus palabras de bienvenida acompañan a las de un grupo de organizaciones que van desde el gremio docente y el centro de estudiantes de esa unidad académica, hasta la Red de Centros Culturales de la ciudad, la cooperativa Unión Papelera y otras organizaciones comunitarias y de derechos humanos.
Como herramienta de comunicación entre la Universidad y la sociedad, Materia Pendiente se suma al fuerte impulso a las políticas de “extensión universitaria” que han dado en Exactas en los últimos años. En 2002, la Facultad tenía apenas 5 proyectos, con 39 participantes. Hoy son más de 40 iniciativas y 400 extensionistas. La revista “quiere ser la voz de trabajadores docentes y no docentes, investigadores y estudiantes que –pese a las limitaciones– hacen grande a esta Universidad”, dice el artículo editorial del número que presentarán el próximo jueves.

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Un cuarto en Marcos Paz

El ex policía de la Brigada de Investigaciones de La Plata, Daniel Jorge Lencinas, fue detenido en Bahía Blanca el viernes pasado y desde el sábado -cuando fue indagado- está preso en la cárcel federal de Marcos Paz.
La orden de detención de Lencinas había partido del Juzgado Federal Nº3 de La Plata, a cargo de Arnaldo Corazza (foto), en el marco del expediente que investiga las violaciones a los derechos humanos en el centro clandestino de detención que funcionó en el Destacamento de Arana. El nombre de Lencinas estaba en la orden de detención junto a los de Mario Alberto Jaime, Mario Oscar Tocho y Roberto Grillo, quienes habían sido detenidos el miércoles pasado. Faltaba que cayera el cuarto y, tal como lo adelantó Te la ves venir, la detención finalmente se produjo.
Lencinas está imputado por la fiscalía de las privaciones ilegales de la libertad, las torturas y la tentativa de homicidio de 29 prisioneros del Destacamento de Arana y del homicidio de un hombre apodado Chamaco.
Una sobreviviente relató a la Cámara Federal, en el Juicio por la Verdad, que Lencinas disparó contra esa víctima: “Había un matrimonio que a él le decían Chamaco, que nunca supe como se llamaba, que también está desaparecido. A él en el momento de la detención lo habían baleado y había estado en recuperación y, bueno, aparentemente ya estaba en condiciones de ser trasladado. Cuando él llega al Destacamento uno de los oficiales que estaban en el Destacamento, le dice: "reconoces mi voz", "me conoces", a lo que yo me doy cuenta de que él estaba sin los ojos vendados y él le contesta "no, no, no veo sin los lentes de contacto"; pero dice [el represor]: "me conocés la voz". "Sí" [responde la víctima]. Entonces le dice [el represor]: "Yo quién soy". "Vos sos el que me dijiste si querés vivir caminá, levantate y caminá". Esta persona era la que lo había baleado, que estaba como oficial en el Destacamento y lo hace caminar con cuatro tiros en el cuerpo [en el momento del secuestro] hasta la camioneta. Era Daniel Lencinas".
El detenido Lencinas fue oficial ayudante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y con ese grado prestó servicios en la Dirección de Investigaciones entre el 14 de septiembre de 1976 y el 7 de marzo de 1977. A partir de entonces, pasó a revistar en la Brigada de Investigaciones de La Plata hasta el 11 de febrero de 1978.
(Foto de Francisco Martínez)

Tricota en noviembre

Hoy La Plata amaneció fría, con una temperatura de entre 7 y 8 grados. Alguno, quizá, pensó en salir con tricota. Para tres, en cambio, no hubo tricota que les abrigara la espalda cuando sintieron el frío sudor del fin de la libertad.
Mario Alberto Jaime (foto), Mario Oscar Tocho y Roberto Omar Grillo, ex policías de la Brigada de Investigaciones de La Plata, fueron detenidos hoy y serán indagados mañana a primera hora por el juez federal platense Arnaldo Corazza.
Las detenciones fueron dispuestas en la causa que investiga los centros clandestinos que funcionaron en aquella brigada y en el Destacamento de Arana durante la última dictadura y habían sido solicitadas en octubre del año pasado por el fiscal federal Sergio Franco.
Mario Jaime, quien se desempeñó en la comisaría 5ta, la Dirección de Investigaciones y la Brigada platense, está imputado de 58 casos de privación ilegal de la libertad, torturas y tentativa de homicidio, un homicidio y encubrimiento agravado por su presunta participación en la quema de los cadáveres de personas desaparecidas ocurridas en el Destacamento de Arana.
Roberto Grillo también integró los planteles de la Dirección de Investigaciones y de la Brigada platense y se lo presume responsable de 92 casos de privación ilegal de la libertad, torturas y tentativa de homicidio. Entre los casos que se le imputan están los de los chicos de la Noche de los Lápices, dado que los estudiantes secundarios estuvieron secuestrados en el Destacamento de Arana, lugar donde fue visto participando de la represión ilegal. El sobreviviente Pablo Díaz lo identificó como uno de sus secuestradores: "Fue uno de los que entró a mi casa y posiblemente fue el que generó el robo de todas las pertenencias de mi familia", dijo en el Juicio por la Verdad.
Grillo, además, fue reconocido en Arana por sobrevivientes de aquél centro clandestino. En la década del '80 se acercó a varios familiares para intentar venderles informarción sobre el destino de sus seres queridos. Incluso, les llegó a contar con detalle cómo se incineraban los cadáveres de los desaparecidos.
Mario Tocho, en tanto, fue reconocido también por víctimas del Destacamento de Arana y se le imputan 84 casos de privación ilegal de la libertad, torturas y tentativa de homicidio.
En las próximas horas es muy posible que caiga un cuarto ex policía.
Las detenciones de Tocho, Jaime -ascendido y protegido durante la gobernación de Carlos Ruckauf- y Grillo se suman a las del ex jefe de Arana, Miguel Kearney, los ex jefes de la Brigada platense, Rubén Oscar Páez y Pedro Antonio Ferriole, y el ex subjefe de esa repartición, Bernabé Jesús Corrales, todos detenidos en mayo pasado.
(Foto de Francisco Martínez)