viernes, 9 de enero de 2009

Abrieron la jaula de tres buitres

Tres jefes de Arana y de la Brigada platense quedaron libres por orden de Casación y ya son cuatro los represores de esos centros clandestinos que esperarán libres el juicio oral. El fiscal de Casación no apeló y la orden se hizo efectiva el 6 de enero.

Por orden de la Cámara Nacional de Casación Penal, el juez federal platense Humberto Blanco, que subroga durante la feria judicial a su colega Arnaldo Corazza, dispuso el 6 de enero la excarcelación de tres represores acusados de crímenes de lesa humanidad en los centros clandestinos de detención del Destacamento de Arana y la Brigada de Investigaciones de La Plata.
Miguel Kearney, jefe del Destacamento de Arana, y Rubén Oscar Páez y Jesús Bernabé Corrales, jefe y subjefe de la Brigada de Investigaciones platense durante la dictadura, recuperaron la libertad luego de presentar las garantías para cubrir una caución de 75 mil pesos cada uno.
Las libertades fueron dispuestas por la Sala III de la Casación entre el 22 y el 23 de diciembre pasado y recién se efectivizaron este martes, luego del arribo de los expedientes al juzgado federal de Corazza. Los jueces que ordenaron las excarcelaciones son Ángela Ester Ledesma, Guillermo Tragant y Eduardo Rafael Riggi, con pequeñas disidencias en sus votos pero con acuerdo total en el fondo de la cuestión.
Esta vez no otorgaron una excarcelación con el argumento de que los represores llevan más del tiempo razonable detenidos, como lo hicieron sus colegas de la Sala II a mediados de diciembre pasado con los ex marinos de la ESMA. Ninguno de los tres ex policías imputados cumplió dos años de detención, ya que fueron arrestados en mayo de 2007. Tras recordar que "las únicas circunstancias que obstan a la concesión de la excarcelación son: 1) peligro de fuga y 2) riesgo de entorpecimiento en la investigación", los jueces evaluaron sus situaciones personales con consideraciones exasperantes, sobre todo la relativa a que no está probado que hayan intentado "entorpecer el curso de las investigaciones".
Señalaron que "pese a la severidad de la pena prevista, los restantes elementos de juicio que ofrece el sumario controvierten la presunción de fuga que podría pesar sobre el acusado". Y para ello ponderaron, en el caso de Páez (similar al del resto): 1) La circunstancia de posser una resiencia estable en el país (...) tratándose de una finca de su propiedad; 2) su sometimiento a la acción de la justicia, que se deriva de la circunstancia de no haberse resistido al arresto y de haber sido regularmente ubicado en su domicilio; 3) la edad del encausado, quien nació el día 27 de agosto de 1935, por lo que en la actualidad tiene 73 años de edad; 4) su núcleo familiar conviviente, compuesto por su esposa, su hija y dos nietos, el que se erige como un motivo que lo mantendrá en la jurisdicción; 5) el correcto comportamiento evidenciado durante su detención bajo el régimen de arresto domiciliario y su regular acatamiento de las obligaciones procesales derivadas del mismo; y 6) la circunstancia que desde la fecha de los hechos que se le imputan al presente han transcurrido más de treinta años, no observándose acto alguno por parte del acusado que indique que durante ese largo período en el que se encontró en libertad hubiera realizado conducta alguna tendiente a sustraerse de la acción de la justicia, o entorpecer el curso de las investigaciones.
En el caso de Kearney los jueces valoraron positivamente que "no registra antecedentes penales", como si hubiera sido posible juzgarlo y condenarlo antes. No recordaron que la Cámara Federal porteña había ordenado su detención durante el juicio Camps y Etchecolatz en 1986 y que esa orden quedó en la nada por la ley de Obediencia Debida. 
Y concluyeron que "mantener la actual situación de encierro" de los imputados "vulnera los límites para el encarcelamiento preventivo en tanto se contrapone a las reglas de necesidad, subsidiariedad, proporcionalidad e intervención mínima a las que debe responder el mismo".
Las libertades de los tres represores podrían haber sido frenadas si el reaccionario fiscal de Casación Juan Martín Romero Victorica apelaba ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero fiel a sus compromisos y convicciones, Romero Victorica aún no presentó tal apelación (para lo cual todavía le queda tiempo), como sí lo hizo su colega Raúl Plé en el caso de los represores de la ESMA, quienes continúan detenidos.
La libertad de Kearney, Páez y Corrales se suma a la ya dictada por Corazza el 22 de diciembre pasado al guardia de Arana, Daniel Jorge Lencinas, también por orden de la misma Sala III de Casación el 18 de diciembre y con los mismos fundamentos. Esa resolución tampoco fue apelada por Romero Victorica.
En la página web de la Procuración General de la Nación aparece, en primer lugar, desde fines de diciembre pasado, un comunicado de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado referente al tema de las excarcelaciones, que explica cómo un recurso de apelación del fiscal puede frenar la medida. ¿Leerá Romero Victorica la página web de la Procuración y el Código Procesal Penal? ¿Alguien le recordará desde la Procuración lo que se espera de él? ¿Escracharán los organismos de derechos humanos al fiscal y a los jueces?
Es interesante el accionar de uno de los organismos platenses: repudió las excarcelaciones de los represores de la ESMA, causa en la que no es querellante, y todavía no reaccionó ante estas libertades, dispuestas en expedientes en los que es parte. Parece que sus abogados leen los diarios pero no las causas judiciales.

lunes, 14 de abril de 2008

Sita en tribunales

El ex policía de la Brigada de Investigaciones de La Plata acusado de integrar un grupo de tareas para el secuestro y tortura de personas, Mario Víctor Sita (foto), se entregó esta mañana ante el juez federal Arnaldo Corazza.
El magistrado había ordenado -por pedido del fiscal Sergio Franco- su captura la semana pasada en el marco de los expedientes en los que se investigan los centros clandestinos de detención que funcionaron durante la última dictadura en aquella brigada y en el Destacamento de Arana.
Sita está imputado de 59 casos de privación ilegal de la libertad y torturas ocurridos en la brigada platense y el destacamento de Arana en 1977.
El represor, que estuvo prófugo seis días, se presentó esta mañana acompañado por su abogado en el tercer piso de los tribunales federales de 8 y 50 y quedó detenido. Sita tiene 74 años y probablemente será beneficiado con el arresto domiciliario, porque el juez Corazza considera que todos los mayores de 70 deben pasar la prisión preventiva en su casa. Dos de las tres salas de la Cámara Federal (la II y la III) ya se pronunciaron sobre la preeminencia del estado de salud antes que la edad y han revocado domiciliarias de represores mayores de 70 años que se encuentran aptos física y psíquicamente para esperar el juicio tras las rejas. Teniendo en cuenta esta jurisprudencia, se espera que -de llegar a haber apelaciones- este y el resto de los imputados con domiciliaria, como el reciente caído Fernando Svedas, pierdan ese beneficio.

El prófugo
En tanto, permanece prófugo el ex oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Raúl Orlando Machuca (foto), sindicado como el jefe del grupo de tareas de la brigada platense que integraban los ya detenidos Sita y Argüello y acusado de 60 casos de privación ilegal de la libertad y torturas. El juez federal Arnaldo Corazza libró la semana pasada la orden de captura nacional e internacional contra este personaje, que está acusado en otra empantanada causa por el secuestro del poeta Daniel Omar Favero y de su pareja, María Paula Álvarez.

(Fotos de Francisco Martínez y Vanina Wiman)

jueves, 10 de abril de 2008

Cinco bichos pegados



El juez federal Arnaldo Corazza ordenó las detenciones de cinco ex policías, de los cuales ya logró apresar a tres, que actuaron en los centros clandestinos de detención que funcionaron durante la última dictadura en la Brigada de Investigaciones de La Plata y en el Destacamento de Arana.
Carlos Vercellone, Fernando Svedas y Julio César Argüello (foto) fueron detenidos por la DDI de La Plata entre ayer y anteayer e indagados por el juez Corazza. En tanto, continúa la búsqueda de otros dos integrantes de un grupo de tareas, cuyos nombres no se revelan para evitar que con ello se favorezca su escape, a pesar de que a este blog le consta que están alertados porque los cinco tienen los mismos abogados.
Las detenciones habían sido solicitadas por el fiscal Sergio Franco en distintas ampliaciones del requerimiento de instrucción presentadas en julio, septiembre y octubre del año pasado.
Vercellone, hoy de 65 años, era oficial principal de la Dirección de Investigaciones y de la Brigada platense y fue sindicado como uno de los interrogadores del centro clandestino del Destacamento de Arana por el fallecido policía Jorge Omar Rodríguez, quien en 1998 al declarar en el Juicio por la Verdad reconoció haber sido guardia de aquel campo de concentración. Rodríguez fue contundente ante los jueces de la Cámara Federal: "Les voy a dar concretamente un nombre. Pienso que para que ustedes establezcan la verdad yo tengo que ser preciso, y si a lo mejor digo cosas sin estar totalmente seguro a ustedes no les sirve y ustedes, de esa forma van a tomar caminos equivocados. Por esto, les digo, no quiero ser responsable. Voy a colaborar en la medida de lo que sepa certeramente para que ustedes puedan tomar el camino correcto y puedan establecer cosas precisas. Se trataba concretamente de un oficial que en algunas oportunidades trabajaba con [el lobo, Luis Héctor] Vides. Hoy en día se retiró como comisario mayor y en aquella oportunidad era comisario principal. Se llamaba Carlos Vercellone, y es el único nombre que les puedo dar con absoluta certeza" (sic).
Pero además en el legajo de Vercellone brillan dos felicitaciones de noviembre de 1976 por "eliminar" y "erradicar" de la sociedad "elementos extremadamente peligrosos". Y, para desgracia del otrora oficial y hoy conocido abogado platense, el chofer de Miguel Etchecolatz, Hugo Guallama, lo sindicó como uno de los iniciadores del operativo en la casa Mariani Teruggi y el propio Etchecolatz lo recordó en una declaración indagatoria de la década del '80 en la causa Camps como uno de los efectivos a sus órdenes.
Esto es lo que se dice haber quedado pegado.
Fernando Svedas, en tanto, fue durante 1977 el segundo jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata y quedó pegado en la causa como autor mediato de los secuestros y torturas de las personas que permanecieron en los centros clandestinos que funcionaron allí y en el Destacamento de Arana.
Argüello, hoy de 61 años, venía zafando desde hace casi seis años en otra causa gracias a una maniobra dilatoria de su defensa de la que se habían hecho eco las justicias federales platense y porteña. Él y los dos policías que aún siguen prófugos integraban un grupo de tareas que secuestró al poeta Daniel Favero y a su pareja María Paula Álvarez, según quedó asentado en un expediente de la justicia militar. Hoy no están buscados por esos hechos (la causa duerme en el limbo judicial), sino por varias decenas de casos porque, según el fiscal Franco, "los elementos reunidos hasta el presente son suficientes para tener por acreditado prima facie la participación de los imputados en grupos policiales de intervención directa en la represión ilegal y, como tales, no sólo formaron parte sino que además aportaron al fortalecimiento y funcionamiento de la estructura del terrorismo de Estado".

(Foto de Francisco Martínez)


miércoles, 13 de febrero de 2008

El Trottasaurio, ¿¡Vivo!?

Hace algunos años, Susana Giménez pasó a la historia uno de sus más conocidos furcios. Cuando una paleontóloga le hablaba sobre el descubrimiento de un dinosaurio en la Patagonia, Susana preguntó: "¿¡Vivo!?"
La historia que aquí se va a contar es parecida, porque también hablamos de un dinosaurio que se piensa extinguido, aunque se sospecha que puede seguir entre nosotros.
El juez federal Arnaldo Corazza dispuso exhumar el cadáver enterrado en la tumba que lleva el nombre del represor Ángel Francisco Trotta, alias "el gangoso", torturador de Jorge Julio López y sindicado asesino de Ambrosio De Marco y Patricia Dell'Orto.
La medida fue decidida luego de que el diario Perfil publicara una nota donde revelaba las dudas de la fiscalía respecto de la muerte de Trotta y de que un familiar del represor se acercara al juzgado a solicitar la exhumación para despejar, incluso, sus propias dudas.
Hace más de un año, el fiscal federal de la Unidad Fiscal que interviene en casos de terrorismo de Estado en La Plata, Sergio Franco, solicitó a Corazza que corrobore si Trotta había muerto y si actualmente vivía en una casa de Los Hornos.
Las dudas del fiscal, que pidió su detención en la causa por los crímenes en la comisaría 5ta, se fundan en diferentes indicios:
1) Cuando la Cámara Federal porteña quiso ubicar a Trotta en 1986 para convocarlo a declarar en el juicio a Ramón Camps y otros, la Jefatura de Policía respondió que no existía un policía con ese nombre y apellido.
2) Ante una nueva insistencia de aquellos jueces, la misma Jefatura reconoció la existencia de un policía con esos datos.
3) La misma policía fue la encargada de citar a Trotta, quien nunca se presentó a declarar, razón por la cual la Cámara Federal porteña ordenó su detención, que tampoco pudo concretarse.
4) Días después de la sentencia condenatoria a Camps, Etchecolatz, Bergés, Cozzani y otros personajes, Trotta se murió. Al menos, eso dice su certificado de defunción fechado en La Plata el 28 de diciembre de 1986. Aquella sentencia ordenaba investigar a todos los responsables de la represión ilegal, especialmente a los ejecutores como Trotra.
5) Más de 20 años después, cuando la Justicia Federal investigaba la segunda desaparición de Jorge Julio López, el nombre de Trotta reapareció entre los sospechosos. Y la sorpresa: una fuerza estatal informó que vivía en Los Hornos.
"Habrá que cotejar si se trata de la misma persona o de un homónimo, pero es necesario tener en cuenta esta situación para no caer en lo que podría ser una maniobra de ocultamiento por parte del imputado. De hecho, la presunta muerte de Trotta aparece registrada sólo tres meses después de que la Justicia ordenara su comparendo por la fuerza", indicó Franco en su dictamen.
Pero el año se fue sin que Corazza ordenara la identificación del imputado, y Franco le solicitó otra orden de detención contra Trotta por los crímenes cometidos en el centro clandestino que funcionó el Destacamento de Arana. El juez libró la orden y el 17 de noviembre de 2007 la policía se presentó en el domicilio del Trotta de Los Hornos para detenerlo."No coincidía el número de documento, aunque era similar, y esta persona no tenía segundo nombre. Por eso, luego de otra diligencia, di por concluida mi tarea", explicó a Perfil el policía encargado de cumplir con la orden judicial.
"No soy el Trotta que ustedes buscan, yo me llamo Ángel solo", le dijo el Trotta de Los Hornos al dominical.
La medida ahora dispuesta por Corazza incluye la realización de un estudio de ADN de los restos sepultados que se comparará con el de un familiar directo del represor.

jueves, 31 de enero de 2008

Los periodistas que se animaron



La nota que algunos estaban esperando sobre el juicio a Von Wernich fue publicada en diciembre por la revista En Marcha, de la Asociación Judicial Bonaerense. Bajo el título "El legado de Von Wernich", los periodistas Daniel Badenes y Lucas Miguel –que ya habían publicado completas crónicas del juicio en La Pulseada (Nº55) y Puentes (Nº22)– analizan "los temas que dejó otra histórica condena a un represor". En la bajada, enumeran: "La aplicación de la doctrina Santillán frente a la falta de acusación en un caso, el debate por la inclusión de una prueba, los símbolos religiosos en las sedes judiciales y la necesidad de repensar los próximos juicios a los represores". Hablan el juez Norberto Lorenzo, los fiscales Carlos Dulau Dumm y Félix Crous, los abogados querellantes Marcelo Ponce Núñez, Luis Alem, Guadalupe Godoy y Miriam Bregman, y el cosecretario general de la Federación Judicial Argentina, Víctor Mendibil.
Era hora de que alguna página impresa resquebrajara el aura del magistrado imparcial, al que la revista de Ernestina llamó El juez que se animó. En ese sentido, En Marcha de diciembre descubre la ambivalente postura de los jueces frente a la doctrina Santillán, y cuenta detalles del furioso episodio en relación al cual un fiscal considera que “el Tribunal es el padre del conflicto” y “no obró de un modo profesionalmente idóneo y éticamente cabal”. Durísimo. Roto el hechizo, hubo otros que se animaron: con sólidos argumentos, el juez penal barilochense Martín Lozada escribió en Le Monde Diplomatique (¿la voz del Estado represor?) de enero sobre la tipificación de los delitos juzgados. ¿La conclusión? No constituyen "genocidio", aunque suene lindo y traiga prensa. Ya nos ocuparemos de informar sobre los pormenores de esa nota próximamente.
La imagen aquí publicada corresponde a la apertura de la sección Justicia de la edición Nº46 de la revista de los trabajadores judiciales bonaerenses.

Revista En Marcha
(0221) 425-8377
50 Nº712 - La Plata
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martes, 18 de diciembre de 2007

Civiles y militares

Dos jueces actualmente en actividad, un ex fiscal y once militares, comprometidos en la causa por los crímenes en la U9.

El fiscal de la Unidad especial que interviene en casos de terrorismo de Estado en La Plata, Sergio Franco, solicitó las declaraciones indagatorias del juez de la Cámara Penal de La Plata, Pedro Luis Soria (foto); del juez de la Cámara Penal de Lomas de Zamora, Héctor Hugo Decastelli; del ex fiscal bonaerense, Antonio Andrés Raimundi; y de once ex militares, entre los que se encuentra el dictador bonaerense, Ibérico Saint Jean.
Franco formuló su pedido ante el juez federal cuyo apellido es un color, Humberto Manuel Blanco, en el marco de la causa que investiga los crímenes ocurridos en la Unidad Penal Nº9 de La Plata durante la última dictadura.
Las imputaciones contra los dos jueces y el ex fiscal son por el delito de encubrimiento del homicidio del mendocino Marcos Ibáñez Gatica, quien falleció tras una larga agonía el 10 de septiembre de 1977 tras haber sido encontrado colgado en su celda el 25 de julio de aquél año.
Durante la instrucción de la causa, tanto Blanco como la Sala II de la Cámara Federal dieron por acreditado que la muerte de Ibañez fue un homicidio calificado. “Teniendo en cuenta los distintos testimonios y las contradicciones existentes con los hechos relatados en el sumario administrativo labrado como consecuencia del supuesto intento de suicidio, cabe señalar que no tiene asidero la teoría del suicidio, pues en la época de [el ex jefe del penal, Abel David] Dupuy, [los detenidos] entraban desnudos a las celdas de castigo y la ropa que era provista (eran andrajos) hacía imposible que pudieran ser utilizada para colgarse de ella”, sostuvo Blanco en mayo de 2006 al procesar a varios miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense, en un fallo que fue confirmado este año por la Sala II de la Cámara Federal, compuesta por Leopoldo Schiffrin, Gregorio Fleicher y Román Compaired.
En 1977 el primer juez que se hizo cargo de la causa fue el fallecido (y por eso zafó en esta causa) Nelky Martínez, quien declinó la competencia en Soria, por entonces a cargo del Juzgado en lo Penal Nº5 del Departamento Judicial La Plata.
En su dictamen, el fiscal Franco sostuvo que "un día después de recibidas dichas actuaciones, el magistrado Soria dictó sobreseimiento provisional sin contar en la causa con el certificado de defunción acreditante del deceso de Ibáñez Gatica, sino tan sólo con las declaraciones testimoniales aportadas por la instrucción policial" y, en ese sentido, destacó que esas declaraciones "fueron prestadas por internos de la Unidad, que utilizaron términos inusuales, como asimismo juicios de valor absolutamente infundados y desproporcionados con relación a la situación en la que se hallaban. Sugestivamente tales declaraciones son idénticas entre sí".
Franco resaltó que "sólo con estos elementos y sin disponer de las medidas mínimas e indispensables que sin lugar a dudas ameritaba un hecho como el que se estaba instruyendo -como la realización de la autopsia del cuerpo con el objeto de constatar las causas del deceso de la víctima- el juez dictó el sobreseimiento provisional". Y finalmente citó la propia resolución del juez, quien sostuvo que no surgía "de las constancias de autos debidamente justificada la perpetración de delito alguno en el hecho que dio motivo a la formación del presente sumario".
"Esta resolución, por lo demás, -indicó Franco en su dictamen- careció de todo fundamento y, más grave aún, fue suscripta en un formulario tipo cliché".
El certificado de defunción de Ibañez recién arribó al juzgado -por pedido del entonces fiscal y actual juez de Casación, Horacio Piombo- en febrero de 1978, tras lo cual las actuaciones se archivaron.
Pero a mediados de los 80, a raíz de otra denuncia, un nuevo expediente se abrió por la muerte de Ibañez Gatica. El expediente anduvo boyando por diferentes juzgados provinciales entre 1984 y 1987, hasta que recayó en el mismo juzgado, en el que ya no estaba Soria, sino Decastelli. Este último intentó ubicar al testigo Eduardo Schaposnik (sobreviviente de la represión ilegal que podía contar realmente lo que había ocurrido con Ibáñez), pero como no logró encontrarlo y citarlo, el 27 de noviembre de 1987 dictó el sobreseimiento provisional de la causa, que fue consentido "sin más" (Franco dixit) por el entonces fiscal de primera instancia, Antonio Andrés Raimundi.
"La lectura de ambas causas es más que sugerente en cuanto a la posibilidad de que se hayan verificado maniobras de encubrimiento de un crimen de lesa humanidad mediante la actuación de los magistrados que intervinieron en sus trámites", sostuvo Franco en el pedido de indagatorias, y recordó que el delito de encubrimiento no está prescripto porque es un crimen conexo con el delito de lesa humanidad -y, por tanto, imprescriptible- que significó el homicidio de Ibáñez. "Parece ser el ex juez Soria (h) quien ha tenido un rol más destacado en los hechos, aunque cabe señalar que también han tenido intervención de relevancia los Dres. Héctor Hugo Decastelli y Antonio Andrés Raimundi", abundó el fiscal de la Unidad especial.
De esta manera, Soria redondea un buen año: a comienzos de 2007, renunció a su candidatura a decano de la Facultad de Derecho de la UNLP cuestionado por haber rechazado habeas corpus de desaparecidos y a fin de año un fiscal federal lo acusa de encubrimiento en un crimen de lesa humanidad.
En tanto, el fiscal Franco también solicitó una serie de medidas de prueba para examinar la presunta responsabilidad del ex juez federal porteño Eduardo Marquard en las desapariciones de Gonzalo Abel Carranza y Juan Pettigiani, quienes fueron secuestrados a la salida de la U9 tras la orden de liberación emitida por aquél magistrado.

Milicos
Franco también solicitó la indagatoria del entonces ministro del Interior de la Nación, general Albano Harguindeguy, por el secuestro de Julio César Urien.
También requirió la indagatoria del dictador provincial Ibérico Saint Jean por todos los hechos de tortura y homicidios registrados en la U9, dado que "su mando orgánico sobre el Servicio Penitenciario bonaerense y, por tal conducto, sobre la U9, resulta claro".
Por otro lado, el fiscal solicitó las indagatorias del ex coronel Orlando Ruarte y del ex oficial del Ejército, Ignacio Russo, por los homicidios de Dardo Cabo y Rufino Pirles, quienes fueron sacados de la U9 y asesinados el 5 de enero de 1977 durante un supuesto traslado al penal de Sierra Chica. En la causa se encuentra acreditado que Ruarte fue quien dio la orden del traslado y que Russo fue quien retiró a las dos víctimas de la U9.
Por el caso de Cabo y Pirles, Franco también imputó -en este caso por encubrimiento- a los militares que tuvieron intervención en el sumario instruido por el Consejo de Guerra Especial Estable 1/1, tras la muerte de los reclusos: el 2º jefe del Regimiento 7, Oscar Pablo Eugenio Billoni, el coronel Juan Carlos Bazilis, el teniente de navío Eduardo Puricelli y el general Mario Alfredo Piotti.
Además, Franco solicitó la indagatoria del coronel Lucio Carlos Ramírez, quien participó el 26 de enero de 1977 del traslado de Ángel Georgiadis y Julio César Urien desde la U9 al Regimiento 7, donde Georgiadis fue asesinado y Urien continuó privado de su libertad.
El fiscal federal también solicitó la declaración indagatoria de los ex coroneles Carlos Oscar Sánchez Toranzo y Carlos Ricardo Campoamor, interrogadores del Ejército en la U9. Franco, en principio, imputó a Sánchez Toranzo los hechos que perjudicaron a Pablo Díaz, Raúl Codesal, Ricardo Victorino Molina, Gabriel Oscar Marotta, Luis Julián Farina, Luis Anibal Rivadeneira, Luis Alberto Messa y Carlos Mario Gutiérrez, mientras que Campoamor, por el momento, sólo esta imputado por el caso de Pablo Díaz. "De manera similar a lo que sucedía en otros centros de detención con el capellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Christian Federico Von Wernich, la acción de ambos militares se inscribe dentro de la práctica de tormentos a la que se encontraban sometidos los detenidos ilegales de la U.9., aún cuando ellos mismos no practicaran tormentos físicos, puesto que a fin de llevar adelante sus cuestionarios indudablemente aprovechaban la situación de padecimiento de las personas allí detenidas", sostuvo el fiscal.
Finalmente, el Franco solicitó una serie de medidas para investigar la presunta responsabilidad de un médico del Servicio Penitenciario -cuyo nombre no se revelará- en la falsificación de los datos del certificado de defunción de un interno asesinado.

jueves, 13 de diciembre de 2007

Un aporte al debate social desde la Universidad

Salió hoy a la calle
materia pendiente

EN EL PRIMER NÚMERO:
Desigualdad sin remedio
El beneficio de la industria aplasta el derecho a la salud. La que se conoce como "ley de genéricos" es en realidad un incentivo para negocios privados. Y la ley de patentes obstruye el camino de la investigación local, única garantía de soberanía. Mientras, la Unidad de Producción de Medicamentos que funciona en la Universidad platense muestra un camino alternativo para pensarlos como bien social. Integrados en una red, los laboratorios públicos del país podrían abastecer al sistema estatal, pero reciben menos apoyo que las empresas. Por Luciana Aon

POLÍTICA ACADÉMICA
Ingreso: el debate de cada verano
"Lo interesante sería poner un cupo", dicen desde Medicina, la Facultad que desde 1992 redujo sus ingresantes a menos de un tercio con una prueba eliminatoria. Otras voces refutan las restricciones, cuestionan lo que muchos exigen a la Escuela Media y proponen políticas que son la contracara. Por Daniel Badenes

La explosión de la basura
La basura no sólo constituye un problema ambiental, sino también económico. ¿Qué hacer con los rellenos CEAMSE? Hablamos con vecinos organizados, recicladores urbanos, funcionarios e investigadores de una Universidad que trabaja en temas de interés público bajo acuerdos de confidencialidad. Por Josefina Oliva

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
El veterinario de los represores
La UNLP durante la dictadura es el paradigma de la complicidad civil con las fuerzas represivas. Desde 1976, el Rectorado mantuvo persistentes contactos con las fuerzas represivas, a las que entregaba información de inteligencia sobre la comunidad universitaria. La gestión de Guillermo Gilberto Gallo reivindicaba un objetivo del golpe: "erradicar la subversión". Por Lucas Miguel

EXPERIENCIAS. Mondovino. Los productores de la costa de Berisso desafían a la globalización. Organizados en cooperativa y mano a mano con algunos universitarios, recuperaron un vino con identidad local.

DEMANDAS. Guaraníes en litigio. Quienes no tienen acceso a la Universidad pública, ¿qué le reclaman? Entre los pueblos originarios de Misiones, la respuesta es clara: las tierras que ocupan desde antaño.

Y más. SOLUCIONES COTIDIANAS. ¿Qué hacer con las pilas? / HISTORIA. El comedor universitario / LABURATORIOS. Los antropólogos, entre becas, clases y changas / ¡A LA PIPETA! Experimentos en el Museo de Física

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En venta en librería Rayuela, 7 y 44.