Te la ves venir

Genocidio: lo importante es el propósito del crimen y no la cantidad de víctimas

2010-07-30T09:16:00.000-07:00

Durante la última jornada de audiencias en el juicio oral y público a los represores de la Unidad Penal Nº9 de La Plata, el 20 de julio pasado, el sociólogo Daniel Feierstein -autor, entre otros libros, de "El genocidio como práctica social"-, trazó la diferencia entre crímenes de lesa humanidad y genocidio, y explicó que lo ocurrido durante la dictadura en nuestro país fue lo segundo. Dijo Feierstein: "El genocidio es una variedad de los crímenes contra la humanidad (...) Un caso claro de un crimen de lesa humanidad que no configura un genocidio son las bombas sobre Japón durante la Segunda Guerra Mundial. No es que se pretendió establecer el terror y transformar la identidad del conjunto social (como ocurre con un genocidio), sino que se cometió una práctica cuya consecuencia concreta fue agredir a población civil de modo indiscriminado. La gran diferencia es quién es el sujeto pasivo del delito. Es altamente relevante el concepto de genocidio para definir quién ha sido víctima y en qué medida la sociedad argentina puede entender que los hechos no sólo afectan a las víctimas y a su familia, sino a todo el conjunto social, como además que todo lo que se produjo fue consecuencia de una práctica intencional".

Monte Chingolo, causa platense

2009-09-01T05:15:00.000-07:00

La Justicia Federal de La Plata deberá investigar las violaciones a los derechos humanos perpetradas por integrantes del Ejército Argentino durante y después del ataque del Ejército Revolucionario del Pueblo el 23 de diciembre de 1975 al Batallón de Arsenales Domingo Viejobueno, de Monte Chingolo, partido de Quilmes.
De acuerdo con la denuncia formulada ante los tribunales porteños –que declinaron su competencia a favor del juez federal platense Humberto Blanco- por el abogado de la Liga Argentina por los Derechos de Hombre, Rodolfo Yanzón, el Ejército Argentino capturó con vida a milicianos del ERP, que luego fueron torturados, ejecutados y desaparecidos. Debieron haber sido tratados en base a las Convenciones de Ginebra sobre Derecho Humanitario, que se aplican en supuestos de conflictos armados.
Hubo dos causas por el hecho: una, investigada en el fuero militar, que investigó lo ocurrido portones adentro del Viejobueno. La otra, que investigó lo ocurrido puertas afuera, fue llevada adelante por el juez federal platense Héctor Adamo. Ninguna de las dos causas avanzó: en ambas
se convalidó la versión militar de que no quedó ningún militante vivo en el enfrentamiento armado.
La querella de los familiares que representa Yanzón sostuvo en el proceso que el ERP había sido infiltrado por la inteligencia militar, que esperaba el ataque y no lo impidió justamente con el objetivo de exterminar a los atacantes.
La causa estuvo en manos del juez porteño Julián Ercolini, quien se declaró incompetente, fallo que fue confirmado por la Cámara Federal porteña. Ahora es Blanco quien debe investigar el caso, en el que –entre otras cosas- deberá resolver si los crímenes prescribieron o son de lesa
humanidad e imprescriptibles.

El tapón de la botella

2009-08-24T14:15:00.000-07:00

Era la noticia que menos esperaba. Si veníamos hablando del cuello de botella que sufrirían los procesos penales por crímenes de lesa humanidad en los dos tribunales orales federales de La Plata, ahora debemos recurrir a la metáfora del tapón para describir lo que está ocurriendo. A la ya crítica situación que tiene el TOF N°1 porque no celebra un juicio oral desde hace ocho meses se le suman en cola los enormes expedientes por crímenes de lesa humanidad. Ese tribunal, integrado por Carlos Rozanski, Horacio Isaurralde y Pablo Bertuzzi, hace cuatro meses que tiene la causa de la U9 para juzgar y aun no corrió traslado a las partes para que ofrezcan prueba y mucho menos fijó audiencia de debate. La mora en el juzgamiento de causas federales ordinarias y la mala relación entre los integrantes del tribunal –que no pueden sentarse ni a conversar del estado del tiempo- contribuyen a estrangular el cuello de la botella.
El tapón se produce porque el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata se declaró incompetente para juzgar a los imputados en la causa de la Comisaría 5ª y envió el expediente al TOF 1, que ya condenó a reclusión perpetua al policía Miguel Etchecolatz y al sacerdote en actividad Christian Von Wernich. Los jueces Nelson Jarazo, Jorge Michelli y Alejandro Esmoris explicaron que los crímenes se cometieron “dentro del mismo marco fáctico” que los de ambos condenados, por lo cual “se impone su juzgamiento por un único tribunal”, que debe ser “el que primero intervino y que tiene pendiente de juzgar otras conductas de la misma especie”.
La semana anterior el TOF 2 también se había declarado incompetente en la causa “Antonini”, que investiga la privación ilegal de la libertad de Chicha Mariani. De esta manera, no quedan dudas que el TOF 2 no quiere juzgar un solo caso.
Los siguientes juicios, entonces, quedan en manos del TOF 1: U9, comisaría 5ta (1era y 2da parte), la sustracción de Natalia Suárez Nelson, la causa Antonini, la causa Raffo, que incluye los CCD Puesto Vasco y COTI Martínez –el juez Corazza acaba de decretar el cierre de la instrucción- y, por conexidad -cuando sean elevadas-, las causas por los crímenes en Arana y la Brigada platense.
Lo único bueno de la medida es que jueces como Jarazo y Esmoris, que hicieron una evaluación restrictiva y conservadora –por utilizar sólo dos adjetivos positivos- de la prueba en el juicio por el crimen de Carlos Labolita, estarán apartados del juzgamiento de estas causas.
La contrapartida es que ahora se demorarán más los juicios. La única posibilidad de cambiar el escenario es que la Cámara de Casación, tal como lo hizo con los tribunales porteños por pedido de la Procuración General de la Nación, ordene una redistribución de las causas elevadas entre los dos tribunales orales federales de la jurisdicción. El remedio contra la injusticia es la justicia, no el apartamiento de los jueces.

Más causas a juicio: El cuello de la botella y los tribunales orales

2009-08-15T15:08:00.000-07:00

El fiscal federal Sergio Franco, integrante de la Unidad Fiscal que interviene en casos de terrorismo de Estado, solicitó la semana pasada la elevación de dos causas a juicio oral y público. Se trata de un caso de sustracción de la hija de desaparecidos María Natalia Suárez Nelson. Su apropiador, Omar Alonso, y el marino sindicado como entregador, Juan Carlos Herzberg, fueron acusados y su juicio se ventilará ante el TOCF Nº1 de La Plata. Hoy la Cámara Federal confirmó que Alonso debe esperar el juicio en prisión domiciliaria.

Franco también pidió la elevación a juicio de la segunda parte de la causa de la comisaría 5ta y del ataque a la casa Mariani-Teruggi, que tiene a siete procesados: la figurita repetida Miguel Etchecolatz (foto), Carlos García, Horacio Elizardo Luján, Luis Vicente Patrault, Domingo Almeida, Alejandro Agustín Arias Duval y Hugo Alberto Guallama. El fiscal pidió el cierre de la instrucción y la elevación de la causa a juicio por orden del Procurador General de la Nación, que solicitó el año pasado a todos los fiscales que, una vez producida la confirmación de los procesamientos de los imputados por parte de las Cámaras Federales, se requiera a los jueces la elevación del sumario a la fase oral.

Franco reclamó que esta causa se unifique con la de la comisaría 5ta, que fue elevada recientemente al Tribunal Oral Federal Nº2 de La Plata. De esta manera, el juicio tendría en el banquillo a los mismos imputados que antes, pero se juzgarán más casos. De todas formas, las dos causas juntas -si bien incluyen más de cien víctimas- representan una mínima porción de los represores imputados.

En julio pasado el mismo fiscal solicitó la elevación a juicio de la denominada "causa Raffo", también conocida como Camps II, que incluye en su objeto procesal los centros clandestinos que funcionaron en la Subcomisaría de Don Bosco, Quilmes (Puesto Vasco), y en la actual Dirección Departamental de Investigaciones de Martínez (COTI Martínez). Esa causa incluye a los siguientes imputados: los militares Rodolfo Aníbal Campos e Ibérico Saint Jean; los policías Eros Amílcar Tarela, Norberto Cozzani, Roberto Antonio Cabrera, Sergio Arturo Verduri, Jorge Antonio Bergés y Etchecolatz; y el civil Jaime Lamont Smart.

Una vez que el juez Corazza lo eleve a juicio, el expediente se ventilaría, también, en el TOCF Nº1.

Así, se empiezan a acumular causas en los dos tribunales orales de La Plata. Cada uno ya tiene una causa grande radicada, que esperan ser juzgadas. El Nº1, la de la U9; y el Nº2, la de la 5ta (primera y segunda parte). Ahora, la causa por la sustracción de Natalia Suárez Nelson llegará al Nº1, al igual que la causa Raffo. También en el Nº1 está radicada la causa en la que se encuentra imputado el policía Santiago Antonini por la privación ilegal de la libertad de la abuela Chicha Mariani, que espera ser juzgada.

El retraso de todas estas causas durante la instrucción, parece, tendrá su correlato en la instancia oral y pública. El cuello de botella que se formará en los tribunales orales -el escenario de los procesos judiciales en el que parece que se está más cerca de la justicia- provocará que la espera por el castigo justo sea aún mayor.

De todo menos violeta

2009-08-10T17:16:00.000-07:00

El ex policía de la Brigada de Investigaciones de Avellaneda Miguel Ángel Ferreyro irá a juicio oral y público por el secuestro y las torturas de cuatro personas: Nilda Eloy, Horacio Matoso, Adolfo Manuel Paz y Oscar Ernesto Solís. El juez Humberto Manuel Blanco cerró la instrucción de la causa que fue iniciada a raíz de una denuncia en el Juicio por la Verdad en 2001. Contra Ferreyro también pesaba la acusación de violación contra Nilda Eloy, pero fue sobreseído el 28 de julio pasado por falta de pruebas. A pedido del fiscal federal Sergio Franco, el juez Blanco lo había procesado también por ese hecho pero la Cámara Federal le dictó la falta de mérito.

Tras esa falta de mérito no pudieron recogerse más pruebas en la instrucción, por lo cual el juez decretó el sobreseimiento, que fue consentido por la fiscalía.

La historia de esta causa comenzó cuando Ferreyro terminó su declaración ante la Cámara Federal de La Plata en el Juicio por la Verdad el 28 de noviembre de 2001. En ese momento, Eloy se acercó llorando ante el tribunal para denunciar que entre noviembre y diciembre de 1976, mientras estuvo detenida ilegalmente en la Brigada de Avellaneda, Ferreyro —que hoy cuenta 68 años— era cabo de guardia de aquella dependencia. Lo reconoció por la voz y por su anillo. Y también denunció que ese policía la había violado.

Dos semanas después, la Cámara Federal le tomó declaración indagatoria por todos esos hechos. Fue el primer policía detenido en el Juicio por la Verdad de La Plata, el 12 de diciembre de 2001, por delitos cometidos durante la dictadura.

La causa que ahora irá a juicio se ventilaría ante el TOCF Nº2 de La Plata.

Von Wernich saldrá de la cárcel en nave espacial

2009-04-21T12:06:00.000-07:00

No sabemos qué nos deparará el futuro pero, quién sabe, quizá el genocida Christian Von Wernich pueda dejar en 2038 el penal que lo alberga en un vehículo que no se apoye sobre el suelo y levite por obra y gracia de la tecnología. Eso es lo hipotético de esta noticia.

Ahora, lo cierto: Después de que la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la condena a reclusión perpetua de Von Wernich, el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata realizó el cómputo de la pena y pasó la causa "a la etapa de ejecución de sentencia", dice la orden firmada el 17 de abril pasado por el juez Carlos Rozanski.

Rozanski se basó para ello en el informe realizado por el secretario del tribunal, Maricio Macagno, quien escribió que Von Wernich "se encuentra detenido en la presente causa desde el 25 de septiembre de 2003, es decir que lleva en prisión 5 años, 6 meses y 23 días; y por la nueva redacción del art. 13 del Código Penal (según ley 25892), el condenado podrá obtener su libertad condicional al cumplir treinta y cinco (35) años de condena, o sea el 24 de septiembre de 2038".

Faltan 29 años. ¡Casi la misma cantidad que tuvo de impunidad!

Abrieron la jaula de tres buitres

2009-01-09T18:07:00.000-08:00

Tres jefes de Arana y de la Brigada platense quedaron libres por orden de Casación y ya son cuatro los represores de esos centros clandestinos que esperarán libres el juicio oral. El fiscal de Casación no apeló y la orden se hizo efectiva el 6 de enero.

Por orden de la Cámara Nacional de Casación Penal, el juez federal platense Humberto Blanco, que subroga durante la feria judicial a su colega Arnaldo Corazza, dispuso el 6 de enero la excarcelación de tres represores acusados de crímenes de lesa humanidad en los centros clandestinos de detención del Destacamento de Arana y la Brigada de Investigaciones de La Plata.
Miguel Kearney, jefe del Destacamento de Arana, y Rubén Oscar Páez y Jesús Bernabé Corrales, jefe y subjefe de la Brigada de Investigaciones platense durante la dictadura, recuperaron la libertad luego de presentar las garantías para cubrir una caución de 75 mil pesos cada uno.
Las libertades fueron dispuestas por la Sala III de la Casación entre el 22 y el 23 de diciembre pasado y recién se efectivizaron este martes, luego del arribo de los expedientes al juzgado federal de Corazza. Los jueces que ordenaron las excarcelaciones son Ángela Ester Ledesma, Guillermo Tragant y Eduardo Rafael Riggi, con pequeñas disidencias en sus votos pero con acuerdo total en el fondo de la cuestión.
Esta vez no otorgaron una excarcelación con el argumento de que los represores llevan más del tiempo razonable detenidos, como lo hicieron sus colegas de la Sala II a mediados de diciembre pasado con los ex marinos de la ESMA. Ninguno de los tres ex policías imputados cumplió dos años de detención, ya que fueron arrestados en mayo de 2007. Tras recordar que "las únicas circunstancias que obstan a la concesión de la excarcelación son: 1) peligro de fuga y 2) riesgo de entorpecimiento en la investigación", los jueces evaluaron sus situaciones personales con consideraciones exasperantes, sobre todo la relativa a que no está probado que hayan intentado "entorpecer el curso de las investigaciones".
Señalaron que "pese a la severidad de la pena prevista, los restantes elementos de juicio que ofrece el sumario controvierten la presunción de fuga que podría pesar sobre el acusado". Y para ello ponderaron, en el caso de Páez (similar al del resto): 1) La circunstancia de posser una resiencia estable en el país (...) tratándose de una finca de su propiedad; 2) su sometimiento a la acción de la justicia, que se deriva de la circunstancia de no haberse resistido al arresto y de haber sido regularmente ubicado en su domicilio; 3) la edad del encausado, quien nació el día 27 de agosto de 1935, por lo que en la actualidad tiene 73 años de edad; 4) su núcleo familiar conviviente, compuesto por su esposa, su hija y dos nietos, el que se erige como un motivo que lo mantendrá en la jurisdicción; 5) el correcto comportamiento evidenciado durante su detención bajo el régimen de arresto domiciliario y su regular acatamiento de las obligaciones procesales derivadas del mismo; y 6) la circunstancia que desde la fecha de los hechos que se le imputan al presente han transcurrido más de treinta años, no observándose acto alguno por parte del acusado que indique que durante ese largo período en el que se encontró en libertad hubiera realizado conducta alguna tendiente a sustraerse de la acción de la justicia, o entorpecer el curso de las investigaciones.
En el caso de Kearney los jueces valoraron positivamente que "no registra antecedentes penales", como si hubiera sido posible juzgarlo y condenarlo antes. No recordaron que la Cámara Federal porteña había ordenado su detención durante el juicio Camps y Etchecolatz en 1986 y que esa orden quedó en la nada por la ley de Obediencia Debida.

Y concluyeron que "mantener la actual situación de encierro" de los imputados "vulnera los límites para el encarcelamiento preventivo en tanto se contrapone a las reglas de necesidad, subsidiariedad, proporcionalidad e intervención mínima a las que debe responder el mismo".

Las libertades de los tres represores podrían haber sido frenadas si el reaccionario fiscal de Casación Juan Martín Romero Victorica apelaba ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero fiel a sus compromisos y convicciones, Romero Victorica aún no presentó tal apelación (para lo cual todavía le queda tiempo), como sí lo hizo su colega Raúl Plé en el caso de los represores de la ESMA, quienes continúan detenidos.

La libertad de Kearney, Páez y Corrales se suma a la ya dictada por Corazza el 22 de diciembre pasado al guardia de Arana, Daniel Jorge Lencinas, también por orden de la misma Sala III de Casación el 18 de diciembre y con los mismos fundamentos. Esa resolución tampoco fue apelada por Romero Victorica.

En la página web de la Procuración General de la Nación aparece, en primer lugar, desde fines de diciembre pasado, un comunicado de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado referente al tema de las excarcelaciones, que explica cómo un recurso de apelación del fiscal puede frenar la medida. ¿Leerá Romero Victorica la página web de la Procuración y el Código Procesal Penal? ¿Alguien le recordará desde la Procuración lo que se espera de él? ¿Escracharán los organismos de derechos humanos al fiscal y a los jueces?

Es interesante el accionar de uno de los organismos platenses: repudió las excarcelaciones de los represores de la ESMA, causa en la que no es querellante, y todavía no reaccionó ante estas libertades, dispuestas en expedientes en los que es parte. Parece que sus abogados leen los diarios pero no las causas judiciales.

Sita en tribunales

2008-04-14T20:21:00.000-07:00

El ex policía de la Brigada de Investigaciones de La Plata acusado de integrar un grupo de tareas para el secuestro y tortura de personas, Mario Víctor Sita (foto), se entregó esta mañana ante el juez federal Arnaldo Corazza.
El magistrado había ordenado -por pedido del fiscal Sergio Franco- su captura la semana pasada en el marco de los expedientes en los que se investigan los centros clandestinos de detención que funcionaron durante la última dictadura en aquella brigada y en el Destacamento de Arana.
Sita está imputado de 59 casos de privación ilegal de la libertad y torturas ocurridos en la brigada platense y el destacamento de Arana en 1977.
El represor, que estuvo prófugo seis días, se presentó esta mañana acompañado por su abogado en el tercer piso de los tribunales federales de 8 y 50 y quedó detenido. Sita tiene 74 años y probablemente será beneficiado con el arresto domiciliario, porque el juez Corazza considera que todos los mayores de 70 deben pasar la prisión preventiva en su casa. Dos de las tres salas de la Cámara Federal (la II y la III) ya se pronunciaron sobre la preeminencia del estado de salud antes que la edad y han revocado domiciliarias de represores mayores de 70 años que se encuentran aptos física y psíquicamente para esperar el juicio tras las rejas. Teniendo en cuenta esta jurisprudencia, se espera que -de llegar a haber apelaciones- este y el resto de los imputados con domiciliaria, como el reciente caído Fernando Svedas, pierdan ese beneficio.

El prófugo
En tanto, permanece prófugo el ex oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Raúl Orlando Machuca (foto), sindicado como el jefe del grupo de tareas de la brigada platense que integraban los ya detenidos Sita y Argüello y acusado de 60 casos de privación ilegal de la libertad y torturas. El juez federal Arnaldo Corazza libró la semana pasada la orden de captura nacional e internacional contra este personaje, que está acusado en otra empantanada causa por el secuestro del poeta Daniel Omar Favero y de su pareja, María Paula Álvarez.

(Fotos de Francisco Martínez y Vanina Wiman)

Cinco bichos pegados

2008-04-10T19:31:00.000-07:00

El juez federal Arnaldo Corazza ordenó las detenciones de cinco ex policías, de los cuales ya logró apresar a tres, que actuaron en los centros clandestinos de detención que funcionaron durante la última dictadura en la Brigada de Investigaciones de La Plata y en el Destacamento de Arana.
Carlos Vercellone, Fernando Svedas y Julio César Argüello (foto) fueron detenidos por la DDI de La Plata entre ayer y anteayer e indagados por el juez Corazza. En tanto, continúa la búsqueda de otros dos integrantes de un grupo de tareas, cuyos nombres no se revelan para evitar que con ello se favorezca su escape, a pesar de que a este blog le consta que están alertados porque los cinco tienen los mismos abogados.
Las detenciones habían sido solicitadas por el fiscal Sergio Franco en distintas ampliaciones del requerimiento de instrucción presentadas en julio, septiembre y octubre del año pasado.
Vercellone, hoy de 65 años, era oficial principal de la Dirección de Investigaciones y de la Brigada platense y fue sindicado como uno de los interrogadores del centro clandestino del Destacamento de Arana por el fallecido policía Jorge Omar Rodríguez, quien en 1998 al declarar en el Juicio por la Verdad reconoció haber sido guardia de aquel campo de concentración. Rodríguez fue contundente ante los jueces de la Cámara Federal: "Les voy a dar concretamente un nombre. Pienso que para que ustedes establezcan la verdad yo tengo que ser preciso, y si a lo mejor digo cosas sin estar totalmente seguro a ustedes no les sirve y ustedes, de esa forma van a tomar caminos equivocados. Por esto, les digo, no quiero ser responsable. Voy a colaborar en la medida de lo que sepa certeramente para que ustedes puedan tomar el camino correcto y puedan establecer cosas precisas. Se trataba concretamente de un oficial que en algunas oportunidades trabajaba con [el lobo, Luis Héctor] Vides. Hoy en día se retiró como comisario mayor y en aquella oportunidad era comisario principal. Se llamaba Carlos Vercellone, y es el único nombre que les puedo dar con absoluta certeza" (sic).
Pero además en el legajo de Vercellone brillan dos felicitaciones de noviembre de 1976 por "eliminar" y "erradicar" de la sociedad "elementos extremadamente peligrosos". Y, para desgracia del otrora oficial y hoy conocido abogado platense, el chofer de Miguel Etchecolatz, Hugo Guallama, lo sindicó como uno de los iniciadores del operativo en la casa Mariani Teruggi y el propio Etchecolatz lo recordó en una declaración indagatoria de la década del '80 en la causa Camps como uno de los efectivos a sus órdenes.
Esto es lo que se dice haber quedado pegado.
Fernando Svedas, en tanto, fue durante 1977 el segundo jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata y quedó pegado en la causa como autor mediato de los secuestros y torturas de las personas que permanecieron en los centros clandestinos que funcionaron allí y en el Destacamento de Arana.
Argüello, hoy de 61 años, venía zafando desde hace casi seis años en otra causa gracias a una maniobra dilatoria de su defensa de la que se habían hecho eco las justicias federales platense y porteña. Él y los dos policías que aún siguen prófugos integraban un grupo de tareas que secuestró al poeta Daniel Favero y a su pareja María Paula Álvarez, según quedó asentado en un expediente de la justicia militar. Hoy no están buscados por esos hechos (la causa duerme en el limbo judicial), sino por varias decenas de casos porque, según el fiscal Franco, "los elementos reunidos hasta el presente son suficientes para tener por acreditado prima facie la participación de los imputados en grupos policiales de intervención directa en la represión ilegal y, como tales, no sólo formaron parte sino que además aportaron al fortalecimiento y funcionamiento de la estructura del terrorismo de Estado".

(Foto de Francisco Martínez)

El Trottasaurio, ¿¡Vivo!?

2008-02-13T18:42:00.000-08:00

Hace algunos años, Susana Giménez pasó a la historia uno de sus más conocidos furcios. Cuando una paleontóloga le hablaba sobre el descubrimiento de un dinosaurio en la Patagonia, Susana preguntó: "¿¡Vivo!?"
La historia que aquí se va a contar es parecida, porque también hablamos de un dinosaurio que se piensa extinguido, aunque se sospecha que puede seguir entre nosotros.
El juez federal Arnaldo Corazza dispuso exhumar el cadáver enterrado en la tumba que lleva el nombre del represor Ángel Francisco Trotta, alias "el gangoso", torturador de Jorge Julio López y sindicado asesino de Ambrosio De Marco y Patricia Dell'Orto.
La medida fue decidida luego de que el diario Perfil publicara una nota donde revelaba las dudas de la fiscalía respecto de la muerte de Trotta y de que un familiar del represor se acercara al juzgado a solicitar la exhumación para despejar, incluso, sus propias dudas.
Hace más de un año, el fiscal federal de la Unidad Fiscal que interviene en casos de terrorismo de Estado en La Plata, Sergio Franco, solicitó a Corazza que corrobore si Trotta había muerto y si actualmente vivía en una casa de Los Hornos.
Las dudas del fiscal, que pidió su detención en la causa por los crímenes en la comisaría 5ta, se fundan en diferentes indicios:
1) Cuando la Cámara Federal porteña quiso ubicar a Trotta en 1986 para convocarlo a declarar en el juicio a Ramón Camps y otros, la Jefatura de Policía respondió que no existía un policía con ese nombre y apellido.
2) Ante una nueva insistencia de aquellos jueces, la misma Jefatura reconoció la existencia de un policía con esos datos.
3) La misma policía fue la encargada de citar a Trotta, quien nunca se presentó a declarar, razón por la cual la Cámara Federal porteña ordenó su detención, que tampoco pudo concretarse.
4) Días después de la sentencia condenatoria a Camps, Etchecolatz, Bergés, Cozzani y otros personajes, Trotta se murió. Al menos, eso dice su certificado de defunción fechado en La Plata el 28 de diciembre de 1986. Aquella sentencia ordenaba investigar a todos los responsables de la represión ilegal, especialmente a los ejecutores como Trotra.
5) Más de 20 años después, cuando la Justicia Federal investigaba la segunda desaparición de Jorge Julio López, el nombre de Trotta reapareció entre los sospechosos. Y la sorpresa: una fuerza estatal informó que vivía en Los Hornos.
"Habrá que cotejar si se trata de la misma persona o de un homónimo, pero es necesario tener en cuenta esta situación para no caer en lo que podría ser una maniobra de ocultamiento por parte del imputado. De hecho, la presunta muerte de Trotta aparece registrada sólo tres meses después de que la Justicia ordenara su comparendo por la fuerza", indicó Franco en su dictamen.
Pero el año se fue sin que Corazza ordenara la identificación del imputado, y Franco le solicitó otra orden de detención contra Trotta por los crímenes cometidos en el centro clandestino que funcionó el Destacamento de Arana. El juez libró la orden y el 17 de noviembre de 2007 la policía se presentó en el domicilio del Trotta de Los Hornos para detenerlo."No coincidía el número de documento, aunque era similar, y esta persona no tenía segundo nombre. Por eso, luego de otra diligencia, di por concluida mi tarea", explicó a Perfil el policía encargado de cumplir con la orden judicial.
"No soy el Trotta que ustedes buscan, yo me llamo Ángel solo", le dijo el Trotta de Los Hornos al dominical.
La medida ahora dispuesta por Corazza incluye la realización de un estudio de ADN de los restos sepultados que se comparará con el de un familiar directo del represor.

Los periodistas que se animaron

2008-01-31T15:32:00.000-08:00

La nota que algunos estaban esperando sobre el juicio a Von Wernich fue publicada en diciembre por la revista En Marcha, de la Asociación Judicial Bonaerense. Bajo el título "El legado de Von Wernich", los periodistas Daniel Badenes y Lucas Miguel –que ya habían publicado completas crónicas del juicio en La Pulseada (Nº55) y Puentes (Nº22)– analizan "los temas que dejó otra histórica condena a un represor". En la bajada, enumeran: "La aplicación de la doctrina Santillán frente a la falta de acusación en un caso, el debate por la inclusión de una prueba, los símbolos religiosos en las sedes judiciales y la necesidad de repensar los próximos juicios a los represores". Hablan el juez Norberto Lorenzo, los fiscales Carlos Dulau Dumm y Félix Crous, los abogados querellantes Marcelo Ponce Núñez, Luis Alem, Guadalupe Godoy y Miriam Bregman, y el cosecretario general de la Federación Judicial Argentina, Víctor Mendibil.
Era hora de que alguna página impresa resquebrajara el aura del magistrado imparcial, al que la revista de Ernestina llamó El juez que se animó. En ese sentido, En Marcha de diciembre descubre la ambivalente postura de los jueces frente a la doctrina Santillán, y cuenta detalles del furioso episodio en relación al cual un fiscal considera que “el Tribunal es el padre del conflicto” y “no obró de un modo profesionalmente idóneo y éticamente cabal”. Durísimo. Roto el hechizo, hubo otros que se animaron: con sólidos argumentos, el juez penal barilochense Martín Lozada escribió en Le Monde Diplomatique (¿la voz del Estado represor?) de enero sobre la tipificación de los delitos juzgados. ¿La conclusión? No constituyen "genocidio", aunque suene lindo y traiga prensa. Ya nos ocuparemos de informar sobre los pormenores de esa nota próximamente.
La imagen aquí publicada corresponde a la apertura de la sección Justicia de la edición Nº46 de la revista de los trabajadores judiciales bonaerenses.

Revista En Marcha
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50 Nº712 - La Plata
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Civiles y militares

2007-12-18T19:13:00.000-08:00

Dos jueces actualmente en actividad, un ex fiscal y once militares, comprometidos en la causa por los crímenes en la U9.

El fiscal de la Unidad especial que interviene en casos de terrorismo de Estado en La Plata, Sergio Franco, solicitó las declaraciones indagatorias del juez de la Cámara Penal de La Plata, Pedro Luis Soria (foto); del juez de la Cámara Penal de Lomas de Zamora, Héctor Hugo Decastelli; del ex fiscal bonaerense, Antonio Andrés Raimundi; y de once ex militares, entre los que se encuentra el dictador bonaerense, Ibérico Saint Jean.
Franco formuló su pedido ante el juez federal cuyo apellido es un color, Humberto Manuel Blanco, en el marco de la causa que investiga los crímenes ocurridos en la Unidad Penal Nº9 de La Plata durante la última dictadura.
Las imputaciones contra los dos jueces y el ex fiscal son por el delito de encubrimiento del homicidio del mendocino Marcos Ibáñez Gatica, quien falleció tras una larga agonía el 10 de septiembre de 1977 tras haber sido encontrado colgado en su celda el 25 de julio de aquél año.
Durante la instrucción de la causa, tanto Blanco como la Sala II de la Cámara Federal dieron por acreditado que la muerte de Ibañez fue un homicidio calificado. “Teniendo en cuenta los distintos testimonios y las contradicciones existentes con los hechos relatados en el sumario administrativo labrado como consecuencia del supuesto intento de suicidio, cabe señalar que no tiene asidero la teoría del suicidio, pues en la época de [el ex jefe del penal, Abel David] Dupuy, [los detenidos] entraban desnudos a las celdas de castigo y la ropa que era provista (eran andrajos) hacía imposible que pudieran ser utilizada para colgarse de ella”, sostuvo Blanco en mayo de 2006 al procesar a varios miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense, en un fallo que fue confirmado este año por la Sala II de la Cámara Federal, compuesta por Leopoldo Schiffrin, Gregorio Fleicher y Román Compaired.
En 1977 el primer juez que se hizo cargo de la causa fue el fallecido (y por eso zafó en esta causa) Nelky Martínez, quien declinó la competencia en Soria, por entonces a cargo del Juzgado en lo Penal Nº5 del Departamento Judicial La Plata.
En su dictamen, el fiscal Franco sostuvo que "un día después de recibidas dichas actuaciones, el magistrado Soria dictó sobreseimiento provisional sin contar en la causa con el certificado de defunción acreditante del deceso de Ibáñez Gatica, sino tan sólo con las declaraciones testimoniales aportadas por la instrucción policial" y, en ese sentido, destacó que esas declaraciones "fueron prestadas por internos de la Unidad, que utilizaron términos inusuales, como asimismo juicios de valor absolutamente infundados y desproporcionados con relación a la situación en la que se hallaban. Sugestivamente tales declaraciones son idénticas entre sí".
Franco resaltó que "sólo con estos elementos y sin disponer de las medidas mínimas e indispensables que sin lugar a dudas ameritaba un hecho como el que se estaba instruyendo -como la realización de la autopsia del cuerpo con el objeto de constatar las causas del deceso de la víctima- el juez dictó el sobreseimiento provisional". Y finalmente citó la propia resolución del juez, quien sostuvo que no surgía "de las constancias de autos debidamente justificada la perpetración de delito alguno en el hecho que dio motivo a la formación del presente sumario".
"Esta resolución, por lo demás, -indicó Franco en su dictamen- careció de todo fundamento y, más grave aún, fue suscripta en un formulario tipo cliché".
El certificado de defunción de Ibañez recién arribó al juzgado -por pedido del entonces fiscal y actual juez de Casación, Horacio Piombo- en febrero de 1978, tras lo cual las actuaciones se archivaron.
Pero a mediados de los 80, a raíz de otra denuncia, un nuevo expediente se abrió por la muerte de Ibañez Gatica. El expediente anduvo boyando por diferentes juzgados provinciales entre 1984 y 1987, hasta que recayó en el mismo juzgado, en el que ya no estaba Soria, sino Decastelli. Este último intentó ubicar al testigo Eduardo Schaposnik (sobreviviente de la represión ilegal que podía contar realmente lo que había ocurrido con Ibáñez), pero como no logró encontrarlo y citarlo, el 27 de noviembre de 1987 dictó el sobreseimiento provisional de la causa, que fue consentido "sin más" (Franco dixit) por el entonces fiscal de primera instancia, Antonio Andrés Raimundi.
"La lectura de ambas causas es más que sugerente en cuanto a la posibilidad de que se hayan verificado maniobras de encubrimiento de un crimen de lesa humanidad mediante la actuación de los magistrados que intervinieron en sus trámites", sostuvo Franco en el pedido de indagatorias, y recordó que el delito de encubrimiento no está prescripto porque es un crimen conexo con el delito de lesa humanidad -y, por tanto, imprescriptible- que significó el homicidio de Ibáñez. "Parece ser el ex juez Soria (h) quien ha tenido un rol más destacado en los hechos, aunque cabe señalar que también han tenido intervención de relevancia los Dres. Héctor Hugo Decastelli y Antonio Andrés Raimundi", abundó el fiscal de la Unidad especial.
De esta manera, Soria redondea un buen año: a comienzos de 2007, renunció a su candidatura a decano de la Facultad de Derecho de la UNLP cuestionado por haber rechazado habeas corpus de desaparecidos y a fin de año un fiscal federal lo acusa de encubrimiento en un crimen de lesa humanidad.
En tanto, el fiscal Franco también solicitó una serie de medidas de prueba para examinar la presunta responsabilidad del ex juez federal porteño Eduardo Marquard en las desapariciones de Gonzalo Abel Carranza y Juan Pettigiani, quienes fueron secuestrados a la salida de la U9 tras la orden de liberación emitida por aquél magistrado.

Milicos
Franco también solicitó la indagatoria del entonces ministro del Interior de la Nación, general Albano Harguindeguy, por el secuestro de Julio César Urien.
También requirió la indagatoria del dictador provincial Ibérico Saint Jean por todos los hechos de tortura y homicidios registrados en la U9, dado que "su mando orgánico sobre el Servicio Penitenciario bonaerense y, por tal conducto, sobre la U9, resulta claro".
Por otro lado, el fiscal solicitó las indagatorias del ex coronel Orlando Ruarte y del ex oficial del Ejército, Ignacio Russo, por los homicidios de Dardo Cabo y Rufino Pirles, quienes fueron sacados de la U9 y asesinados el 5 de enero de 1977 durante un supuesto traslado al penal de Sierra Chica. En la causa se encuentra acreditado que Ruarte fue quien dio la orden del traslado y que Russo fue quien retiró a las dos víctimas de la U9.
Por el caso de Cabo y Pirles, Franco también imputó -en este caso por encubrimiento- a los militares que tuvieron intervención en el sumario instruido por el Consejo de Guerra Especial Estable 1/1, tras la muerte de los reclusos: el 2º jefe del Regimiento 7, Oscar Pablo Eugenio Billoni, el coronel Juan Carlos Bazilis, el teniente de navío Eduardo Puricelli y el general Mario Alfredo Piotti.
Además, Franco solicitó la indagatoria del coronel Lucio Carlos Ramírez, quien participó el 26 de enero de 1977 del traslado de Ángel Georgiadis y Julio César Urien desde la U9 al Regimiento 7, donde Georgiadis fue asesinado y Urien continuó privado de su libertad.
El fiscal federal también solicitó la declaración indagatoria de los ex coroneles Carlos Oscar Sánchez Toranzo y Carlos Ricardo Campoamor, interrogadores del Ejército en la U9. Franco, en principio, imputó a Sánchez Toranzo los hechos que perjudicaron a Pablo Díaz, Raúl Codesal, Ricardo Victorino Molina, Gabriel Oscar Marotta, Luis Julián Farina, Luis Anibal Rivadeneira, Luis Alberto Messa y Carlos Mario Gutiérrez, mientras que Campoamor, por el momento, sólo esta imputado por el caso de Pablo Díaz. "De manera similar a lo que sucedía en otros centros de detención con el capellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Christian Federico Von Wernich, la acción de ambos militares se inscribe dentro de la práctica de tormentos a la que se encontraban sometidos los detenidos ilegales de la U.9., aún cuando ellos mismos no practicaran tormentos físicos, puesto que a fin de llevar adelante sus cuestionarios indudablemente aprovechaban la situación de padecimiento de las personas allí detenidas", sostuvo el fiscal.
Finalmente, el Franco solicitó una serie de medidas para investigar la presunta responsabilidad de un médico del Servicio Penitenciario -cuyo nombre no se revelará- en la falsificación de los datos del certificado de defunción de un interno asesinado.

Un aporte al debate social desde la Universidad

2007-12-13T18:36:00.000-08:00

Salió hoy a la calle
materia pendiente

EN EL PRIMER NÚMERO:
Desigualdad sin remedio
El beneficio de la industria aplasta el derecho a la salud. La que se conoce como "ley de genéricos" es en realidad un incentivo para negocios privados. Y la ley de patentes obstruye el camino de la investigación local, única garantía de soberanía. Mientras, la Unidad de Producción de Medicamentos que funciona en la Universidad platense muestra un camino alternativo para pensarlos como bien social. Integrados en una red, los laboratorios públicos del país podrían abastecer al sistema estatal, pero reciben menos apoyo que las empresas. Por Luciana Aon

POLÍTICA ACADÉMICA
Ingreso: el debate de cada verano
"Lo interesante sería poner un cupo", dicen desde Medicina, la Facultad que desde 1992 redujo sus ingresantes a menos de un tercio con una prueba eliminatoria. Otras voces refutan las restricciones, cuestionan lo que muchos exigen a la Escuela Media y proponen políticas que son la contracara. Por Daniel Badenes

La explosión de la basura
La basura no sólo constituye un problema ambiental, sino también económico. ¿Qué hacer con los rellenos CEAMSE? Hablamos con vecinos organizados, recicladores urbanos, funcionarios e investigadores de una Universidad que trabaja en temas de interés público bajo acuerdos de confidencialidad. Por Josefina Oliva

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
El veterinario de los represores
La UNLP durante la dictadura es el paradigma de la complicidad civil con las fuerzas represivas. Desde 1976, el Rectorado mantuvo persistentes contactos con las fuerzas represivas, a las que entregaba información de inteligencia sobre la comunidad universitaria. La gestión de Guillermo Gilberto Gallo reivindicaba un objetivo del golpe: "erradicar la subversión". Por Lucas Miguel

EXPERIENCIAS. Mondovino. Los productores de la costa de Berisso desafían a la globalización. Organizados en cooperativa y mano a mano con algunos universitarios, recuperaron un vino con identidad local.

DEMANDAS. Guaraníes en litigio. Quienes no tienen acceso a la Universidad pública, ¿qué le reclaman? Entre los pueblos originarios de Misiones, la respuesta es clara: las tierras que ocupan desde antaño.

Y más. SOLUCIONES COTIDIANAS. ¿Qué hacer con las pilas? / HISTORIA. El comedor universitario / LABURATORIOS. Los antropólogos, entre becas, clases y changas / ¡A LA PIPETA! Experimentos en el Museo de Física

$4.-
En venta en librería Rayuela, 7 y 44.

Un personaje

2007-12-07T18:55:00.001-08:00

Están Tinelli, Mirtha, Susana, Charly, Messi, Mauricio, Víctor Hugo, Araceli, Sofovich, Dolina, Estela de Carlotto y también Félix. Sí, él, quién si no. El mismísimo fiscal Félix Crous. El gran ausente de la foto es Jorge Falcone. Pensaban invitarlo cuando fuera a declarar al juicio del cura, pero como no lo citaron la revista no pudo convocarlo a la glamorosa fiesta de fin de año.

Sale a la calle "Materia pendiente"

2007-12-04T11:54:00.000-08:00

La Facultad de Ciencias Exactas lanza una revista para llegar a la comunidad y abrir debates en el mundo universitario.

El próximo jueves –13 de diciembre– a las 18 horas, la Facultad de Ciencias Exactas presentará en sociedad su nueva revista: “Materia Pendiente”. “En la reconstrucción de la Universidad nacional y popular, la Facultad desarrolla una herramienta para levantar su voz, para que la Universidad no esté más en silencio”, explica Darío Andrinolo, secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas y director de esta nueva iniciativa periodística platense.
La presentación se hará con una charla-debate sobre el rol de la Universidad en la que se discutirán dos temas de agenda social, que son abordados en las principales notas del primer número de la revista. Bajo el título “La basura y los medicamentos en el Estado de malestar: entre la necesidad pública y los negocios privados”, expondrán Cecilia Milazzo, directora de la Unidad de Producción de Medicamentos (UPM); María Julia Santamaría, integrante de la Asamblea de Vecinos y ONGs en contra de la CEAMSE; y el docente universitario Esteban Rodríguez, miembro del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ). La cita es el jueves 13 a las 18 en el Aula de Conferencias de la Facultad de Ciencias Exactas (edificio “Ex Liceo”), en las calles 50 y 115.
“La mayoría de estas páginas podrían ser definidas, en términos periodísticos, como de interés general”, reconocen al inicio de Materia Pendiente, y aclaran: “si se trata de interés general, debería despertar el interés académico”. Además del tema candente de la CEAMSE y los desafíos de la producción pública de medicamentos, el primer número aborda la experiencia de los productores del Vino de la Costa en Berisso; sugiere algunas respuestas al interrogante cotidiano de “qué hacer con las pilas” y abre un profundo debate acerca de las políticas de ingreso a la educación superior. También incluye una historia del comedor universitario y un completo informe sobre la gestión de Guillermo Gilberto Gallo al frente del Rectorado durante años en que la Universidad fue cómplice de la desaparición de sus propios docentes y estudiantes.
“La propuesta entiende que una iniciativa de comunicación sostenida por una institución no necesariamente significa hacer periodismo de gacetillas, ese que sólo exalta las bondades propias y nada más. La revista incluye voces que no son de la Facultad, acepta demandas de grupos externos a los claustros académicos y se anima a exponer limitaciones y materias pendientes”, explicó el periodista Daniel Badenes, editor de la revista. Con un cuidado diseño y realizada por un equipo de profesionales, se trata de una apuesta fuerte: la publicación tendrá una tirada de 2000 ejemplares, que será distribuida por estudiantes que se quedarán con el 75% del precio de tapa.
Sus impulsores pretenden que “sintetice e integre posiciones vinculadas a la ineludible batalla de ideas con la que, modestamente, debemos contribuir al desarrollo científico y tecnológico de la Nación y al bienestar de la sociedad”, según escribió para el número inaugural Carlos Della Védova, decano de la Facultad. Sus palabras de bienvenida acompañan a las de un grupo de organizaciones que van desde el gremio docente y el centro de estudiantes de esa unidad académica, hasta la Red de Centros Culturales de la ciudad, la cooperativa Unión Papelera y otras organizaciones comunitarias y de derechos humanos.
Como herramienta de comunicación entre la Universidad y la sociedad, Materia Pendiente se suma al fuerte impulso a las políticas de “extensión universitaria” que han dado en Exactas en los últimos años. En 2002, la Facultad tenía apenas 5 proyectos, con 39 participantes. Hoy son más de 40 iniciativas y 400 extensionistas. La revista “quiere ser la voz de trabajadores docentes y no docentes, investigadores y estudiantes que –pese a las limitaciones– hacen grande a esta Universidad”, dice el artículo editorial del número que presentarán el próximo jueves.

Contacto:
redaccion@exactas.unlp.edu.ar

Un cuarto en Marcos Paz

2007-11-23T14:21:00.000-08:00

El ex policía de la Brigada de Investigaciones de La Plata, Daniel Jorge Lencinas, fue detenido en Bahía Blanca el viernes pasado y desde el sábado -cuando fue indagado- está preso en la cárcel federal de Marcos Paz.
La orden de detención de Lencinas había partido del Juzgado Federal Nº3 de La Plata, a cargo de Arnaldo Corazza (foto), en el marco del expediente que investiga las violaciones a los derechos humanos en el centro clandestino de detención que funcionó en el Destacamento de Arana. El nombre de Lencinas estaba en la orden de detención junto a los de Mario Alberto Jaime, Mario Oscar Tocho y Roberto Grillo, quienes habían sido detenidos el miércoles pasado. Faltaba que cayera el cuarto y, tal como lo adelantó Te la ves venir, la detención finalmente se produjo.
Lencinas está imputado por la fiscalía de las privaciones ilegales de la libertad, las torturas y la tentativa de homicidio de 29 prisioneros del Destacamento de Arana y del homicidio de un hombre apodado Chamaco.
Una sobreviviente relató a la Cámara Federal, en el Juicio por la Verdad, que Lencinas disparó contra esa víctima: “Había un matrimonio que a él le decían Chamaco, que nunca supe como se llamaba, que también está desaparecido. A él en el momento de la detención lo habían baleado y había estado en recuperación y, bueno, aparentemente ya estaba en condiciones de ser trasladado. Cuando él llega al Destacamento uno de los oficiales que estaban en el Destacamento, le dice: "reconoces mi voz", "me conoces", a lo que yo me doy cuenta de que él estaba sin los ojos vendados y él le contesta "no, no, no veo sin los lentes de contacto"; pero dice [el represor]: "me conocés la voz". "Sí" [responde la víctima]. Entonces le dice [el represor]: "Yo quién soy". "Vos sos el que me dijiste si querés vivir caminá, levantate y caminá". Esta persona era la que lo había baleado, que estaba como oficial en el Destacamento y lo hace caminar con cuatro tiros en el cuerpo [en el momento del secuestro] hasta la camioneta. Era Daniel Lencinas".
El detenido Lencinas fue oficial ayudante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y con ese grado prestó servicios en la Dirección de Investigaciones entre el 14 de septiembre de 1976 y el 7 de marzo de 1977. A partir de entonces, pasó a revistar en la Brigada de Investigaciones de La Plata hasta el 11 de febrero de 1978.
(Foto de Francisco Martínez)

Tricota en noviembre

2007-11-14T13:18:00.000-08:00

Hoy La Plata amaneció fría, con una temperatura de entre 7 y 8 grados. Alguno, quizá, pensó en salir con tricota. Para tres, en cambio, no hubo tricota que les abrigara la espalda cuando sintieron el frío sudor del fin de la libertad.
Mario Alberto Jaime (foto), Mario Oscar Tocho y Roberto Omar Grillo, ex policías de la Brigada de Investigaciones de La Plata, fueron detenidos hoy y serán indagados mañana a primera hora por el juez federal platense Arnaldo Corazza.
Las detenciones fueron dispuestas en la causa que investiga los centros clandestinos que funcionaron en aquella brigada y en el Destacamento de Arana durante la última dictadura y habían sido solicitadas en octubre del año pasado por el fiscal federal Sergio Franco.
Mario Jaime, quien se desempeñó en la comisaría 5ta, la Dirección de Investigaciones y la Brigada platense, está imputado de 58 casos de privación ilegal de la libertad, torturas y tentativa de homicidio, un homicidio y encubrimiento agravado por su presunta participación en la quema de los cadáveres de personas desaparecidas ocurridas en el Destacamento de Arana.
Roberto Grillo también integró los planteles de la Dirección de Investigaciones y de la Brigada platense y se lo presume responsable de 92 casos de privación ilegal de la libertad, torturas y tentativa de homicidio. Entre los casos que se le imputan están los de los chicos de la Noche de los Lápices, dado que los estudiantes secundarios estuvieron secuestrados en el Destacamento de Arana, lugar donde fue visto participando de la represión ilegal. El sobreviviente Pablo Díaz lo identificó como uno de sus secuestradores: "Fue uno de los que entró a mi casa y posiblemente fue el que generó el robo de todas las pertenencias de mi familia", dijo en el Juicio por la Verdad.
Grillo, además, fue reconocido en Arana por sobrevivientes de aquél centro clandestino. En la década del '80 se acercó a varios familiares para intentar venderles informarción sobre el destino de sus seres queridos. Incluso, les llegó a contar con detalle cómo se incineraban los cadáveres de los desaparecidos.
Mario Tocho, en tanto, fue reconocido también por víctimas del Destacamento de Arana y se le imputan 84 casos de privación ilegal de la libertad, torturas y tentativa de homicidio.
En las próximas horas es muy posible que caiga un cuarto ex policía.
Las detenciones de Tocho, Jaime -ascendido y protegido durante la gobernación de Carlos Ruckauf- y Grillo se suman a las del ex jefe de Arana, Miguel Kearney, los ex jefes de la Brigada platense, Rubén Oscar Páez y Pedro Antonio Ferriole, y el ex subjefe de esa repartición, Bernabé Jesús Corrales, todos detenidos en mayo pasado.
(Foto de Francisco Martínez)

CAMPAÑA

2007-11-10T10:00:00.000-08:00

Equipo Argentino de Antropología Forense

Si tenés un familiar víctima de desaparición forzada
entre 1974 y 1983

Una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo

0800-333-2334

www.eaaf.org/iniciativa

La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita.

Todos los resultados obtenidos son confidenciales.

Nota: Hay muestras anteriores que sirven y otras que sería conveniente repetir porque ahora se cuenta con mejor tecnología, se recomienda que 3 familiares aporten sangre para una mayor efectividad de las identificaciones.

Righi(do) respaldo

2007-11-06T10:58:00.000-08:00

El Procurador General de la Nación, Esteban Righi (foto), rechazó la renuncia del fiscal general Carlos Dulau Dumm a la Unidad Fiscal Federal que interviene en casos de terrorismo de Estado en La Plata y respaldó el trabajo del Ministerio Público en el juicio a Christian Von Wernich y en el resto de los procesos penales. Además dispuso que la Unidad a cargo del fiscal chaqueño Jorge Auat colabore con los fiscales platenses.
En una breve resolución de dos páginas firmada el 30 de octubre, Righi respondió lo peticionado por Dulau Dumm "en cuanto a su sustitución de la Unidad Fiscal motivado por su cansancio físico y moral agravado por injustas actitudes de parte del presidente del tribunal mencionado [Tribunal Oral Federal Imparcial N°1 de La Plata] y querellantes durante el desarrollo de este juicio".
Las referencias fueron para la actitud de la querella Justicia Ya! y del abogado de la familia Timerman, Alejo Ramos Padilla, quienes en el marco del juicio acusaron a la fiscalía de ser "la voz del Estado represor" y de negar la existencia de los desaparecidos, entre otras cosas, por no haber acusado a Von Wernich por el homicidio de María del Carmen Morettini. La alusión a la actuación del presidente del tribunal, Carlos Rozanski, tiene que ver con que interrumpió el alegato fiscalista en innumerables oportunidades y permitió la agresión verbal de integrantes del público hacia el fiscal Dulau.
En cuanto a la decisión de no acusar por el caso de Morettini, el Procurador sostuvo que que "si bien es cierto que es deber primordial de los representantes de este Ministerio bregar siempre por el mantenimiento de la acción penal pública, también lo es que los fiscales no están obligados a hacer prevalecer el fin persecutorio por encima del interés en la fiel y justa aplicación de la ley, y que ese criterio debe regir su actuación durante todo el proceso penal".
Y en ese sentido agregó: "La obligación de investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos, que establece el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo es en el marco y con las herramientas del Estado de Derecho, y no con prescindencia de ellas".
Por ello, concluyó que "no resulta oportuno entonces acceder a los solicitado por el señor Fiscal General, habida cuenta los resultados ajustados a derecho obtenidos en el presente y en otros casos en que ha intervenido la Unidad, garantizando en todo momento el debido proceso y el derecho de defensa, salvaguardando así la actuación constitucional y legal de este Ministerio Público Fiscal".
Finalmente, Righi dispuso fortalecer la Unidad Fiscal Federal de La Plata con la asistencia del fiscal general del Chaco Jorge Auat y la Unidad de Coordinación que este dirige: "A fin de adoptar una actitud acorde con las circunstancias excepcionales expuestas por el señor Fiscal General y sostener un comportamiento consecuente con el mantenido por esta Procuración (...) parece aconsejable reforzar la actuación del Ministerio Público Fiscal en la jurisdicción de La Plata en el trámite de las causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno de facto, disponiendo la actuación de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos Cometidas Durante el Terrorismo de Estado de manera conjunta con la Unidad Fiscal que actúa en la jurisdicción de La Plata a cargo de los doctores Carlos Dulau Dumm, Marcelo Molina y Sergio Franco a partir de la fecha de la presente", sostuvo Righi.

El germinador y la semilla

2007-11-04T10:15:00.000-08:00

Al presidente del Tribunal Imparcial no le conformaron las resoluciones infames que denegaron la citación de Jorge Falcone a declaración testimonial -solicitada por la fiscalía- en el juicio a Christian Von Wernich. Y, por eso, le dedicó dos o tres páginas del extenso fallo a fustigar al Ministerio Público para, con ello, supuestamente fundamentar que no citó a Falcone y que no era necesario este testigo.
Ya he escrito bastante sobre las razones que llevaron a la fiscalía a solicitar la absolución del cura por el homicidio de María del Carmen Morettini, la responsabilidad de la querella y la sorpresiva respuesta del Tribunal denegando la citación de Falcone que, a la postre, terminó siendo la razón del pedido absolutorio fiscal.
Ahora me voy a referir aquí a varias cuestiones traídas por el presidente del Tribunal Imparcial en su voto (al que adhirieron en su totalidad el subrogante y el amante del Martín Fierro) para denostar a la físcalía. Es decir, sólo denostar, porque si hay algo que no logra es convencer. Más bien, todo lo contrario. Como veremos, el voto da cuenta de la mala fe con la que obró el Tribunal Imparcial. Y, obvio, del bajo vuelo intelectual para la refutación.
En primer lugar, el presidente recordó que el fiscal Carlos Dulau Dumm había solicitado el testimonio de Nelba Falcone en el juicio que se le siguió el año pasado a Miguel Etchecolatz y señaló que por ello el fiscal no debía haber alegado sorpresa ante la mención que hiciera la testigo Nora Úngaro.

* Dijo el Tribunal: "La fiscalía contrapuso a la abundante prueba existente y ventilada en el juicio, dichos que además de carecer de entidad, eran de su pleno conocimiento desde cuando menos una año atrás. Debe señalarse al respecto que fue precisamente esa fiscalía la que al ofrecer la prueba en la causa 2251/06 –de este Tribunal- “Etchecolatz, Miguel Osvaldo s/ privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio calificado” solicitó el día 27 de abril de 2006 la citación a declarar de la Sra. Nelba de Falcone, basando su pedido en el testimonio prestado por la nombrada en el Juicio por la Verdad e incorporado a la citada causa a fs. 1175/1205, requerimiento efectuado por el Dr. Dulau Dumm, de cuyo testimonio precisamente surge la versión que motivara finalmente el pedido de absolución" [la negrita es mía].
Aquí hay que hacerse preguntas ¿A qué dichos se refiere el Tribunal cuando dice que carecen de entidad? Si se refiere a los de Jorge Falcone, ¿cómo puede valorarlos si no los escuchó? Si se refiere a los de Nelba Falcone, a los que debía conocer también porque formaron parte de la causa Etchecolatz, ¿cómo puede decir que no tenían entidad si lo de la señora Falcone es la cita de lo que dijo su hijo? Y si, en realidad, se refiere a los dichos de Nora Úngaro, ¿cómo decir que no tiene entidad lo que dijo esa testigo, que citó a la madre de Falcone? Las preguntas más difíciles de responder son: ¿Cómo hizo el tribunal para desechar algo que nunca tuvo en sus manos? ¿Cómo hizo el tribunal para valorar en la causa Von Wernich una prueba (el testimonio de Nelba Falcone) que figuraba en otra causa, sin haberlo incorporado y sin haber dado a las partes la posibilidad de valorarlo?
Por otro lado, si -como dicen- Dulau conocía el testimonio, no es menos cierto que los jueces también debían conocerlo porque los tres integraron el tribunal que debió haber leído esa prueba. Pero lo concreto es que, al igual que le ocurrió a Dulau, los jueces no podían recordar qué dijo la señora de Falcone sobre ese punto. Sobre todo, porque el testimonio de la señora de Falcone fue agregado a la causa Etchecolatz en virtud de que ella había visto en cautiverio a Antonio Bettini en "La Cacha". Sólo por eso. No por el caso de Morettini. Pero hay más: el caso de Bettini no fue finalmente objeto del juicio a Etchecolatz y, obviamente, el testimonio de la señora de Falcone no fue valorado. Quizá ahora sí lo leyeron, pero privaron de ello al resto de las partes.
Al presidente le soplaron que la fiscalía había solicitado aquél testimonio durante una de las tantas réplicas y réplicas que se celebraron en los despachos de 11 y 47, sede del Tribunal Imparcial, después del alegato fiscalista. Fue el Buscador de Windows de una sobreviviente el que advirtió el nombre de Nelba Falcone en el ofrecimiento de prueba fiscal de la causa Etchecolatz.
Ahora bien, tal como dije en la anterior nota sobre este tema, carece de sustento remarcar que los fiscales conocían este tema. Porque la versión de Falcone no fue llevada por ellos a la causa. Nunca figuró en el expediente Von Wernich hasta que apareció Úngaro, testigo aportada por Justicia Ya!, y la tiró delante de todos. Los fiscales se hicieron cargo, nada más, de esa "duda germinal", en palabras del fiscal Félix Crous.

* Siguió el Tribunal en su fallo: "De ese modo, cabe rechazar la sorpresa alegada por los Sres. Fiscales sobre aquello que ya conocían. A mayor abundamiento, la testigo Nora Ungaro hizo mención a esa anécdota en la audiencia del día 10 de setiembre, aunque se refirió a una tal Macarini".
La afirmación es paradójica: Durante el juicio, en las resoluciones que rechazaron el testimonio de Falcone, los jueces señalaron que Úngaro había mencionado a Macarini y no a Morettini, una interpretación del testimonio carente de buena fe. Ahora, porque no lo pueden eludir, ellos mismos reconocen que Úngaro se refería a Morettini.

* Los jueces siguieron en el fallo: "Como surge del acta respectiva, los Sres. Fiscales presentes en la sala, nada preguntaron al respecto a la testigo ni efectuaron planteo alguno al tribunal sobre el particular. Tampoco lo hicieron en la audiencia siguiente del 13 de septiembre, ni el 19 de septiembre en la celebrada en Trenque Lauquen con presencia del Dr. Crous. Finalmente, nada dijeron ni plantearon los Sres. Fiscales en la del día 25 de setiembre en la ciudad de Córdoba. Así, concluidas las audiencias de declaraciones testimoniales, el día 1 de octubre, a cinco días hábiles de los alegatos, sin fundamentación y de manera totalmente extemporánea e incoherente con lo recién referido, solicitaron la citación de quien habría arrojado la versión que como se dijo ya conocían los fiscales desde hacía un año y medio".
Lo único que hay que decir sobre esto es que, si quieren manejar la estrategia del Ministerio Público Fiscal en estos juicios, los jueces debieran concursar para fiscales y dejar su cargo (aunque tal vez les siente mejor el de la querella). Los fiscales pueden tomar su tiempo para investigar, buscar prueba y aportarla cuando lo consideren oportuno. Como así también, preguntar o callar cuando lo crean conveniente. El pedido de citación de Jorge Falcone fue realizado mientras el debate seguía abierto; faltaba una semana para que se cerrara. Y punto. La no citación de Falcone fue una decisión política del Tribunal Imparcial que no puede achacarse al momento en que la fiscalía lo solicitó. En cuanto a la alegada incoherencia y falta de fundamentación del pedido fiscalista, del propio desarrollo del fallo surge que no es así: la declaración de Úngaro remite a la de Nelba Falcone y la de ésta última a lo que vio su hijo, el negado testigo. Si a eso le falta coherencia... La fundamentación es lógica: están juzgando a un tipo por el homicidio de una persona que un testigo dice que vio con vida 16 años después del crimen.

* Finalmente, el Tribunal Imparcial intentó ilustrar a todos: "cabe señalar que el pedido de absolución efectuado por la fiscalía, provino de una 'duda germinal', categoría inexistente en nuestro derecho. Según la Real Academia Española, germinal proviene de germen y éste a su vez es 'principio rudimental de un ser orgánico' / 'parte de la semilla de que se forma la planta' (Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Primera Edición. Edit. Espasa Calpe, Madrid 1996) (...) Nunca una 'duda germinal' podría resultar de entidad como para enervar el cuadro abrumador que se levanta en el trágico final que tuvieron las siete víctimas de los homicidios aquí investigados y que motivaran el pronunciamiento condenatorio hoy fundado".
El presidente del Tribunal Imparcial no tuvo la suficiente inteligencia como para reconocer una metáfora. Dijo que la "duda germinal" es una "categoría inexistente en nuestro derecho", como si lo hubiera sido la réplica que le cedió a la querella después del alegato de la fiscalía. ¿Todo lo que se dice en un juicio oral debe tener anclaje en el derecho? Justamente, la oralidad permite la utilización de sustantivos y adjetivos (¿Si no, de qué forma expresarse?) y de conceptos no jurídicos que permiten expresar ideas. Lamentablemente, el presidente del Tribunal Imparcial no pudo ver más allá del micrófono: justamente, "la parte de la semilla de que se forma la planta". Esa planta que sembró la semilla de Justicia Ya! y que crece con la humedad que dejó la negativa de citar a Falcone (ver foto). Podríamos haber terminado con el germinador en este juicio. Pero lamentablemente la semilla está ahí, germinando, a la espera de que algún facho de Casación la transplante a una maceta. Ojalá que el bosque le tape la plantita y no logre verla.

Un corte y una quebrada a la impunidad

2007-10-30T13:24:00.000-07:00

El tanguero Omar Alonso, acusado de apropiarse de una hija de desaparecidos, está preso desde hace unos quince días por orden del juez federal platense Arnaldo Corazza.
El impune personaje fue detenido a pedido del fiscal integrante de la Unidad especial que interviene en casos de terrorismo de Estado, Sergio Franco, en la causa por la apropiación de María Natalia Suárez Nelson.
Alonso, que ahora pasa sus días en la cárcel de Ezeiza, no la vio venir. Quizá se creía el más impune de los imputados, porque tenía a su favor una sentencia absolutoria de la Cámara Penal de La Plata. De hecho, le hizo juicio al Estado bonaerense para que lo indemnice en 2 millones de pesos por los 731 días que estuvo detenido en la década del '90.
La Cámara Penal platense dispuso hace años la absolución de Alonso por "falta de acreditación del cuerpo del delito", al no poder realizar el examen de ADN a Natalia y, por lo tanto, no comprobar fehacientemente que no era hija del imputado y de su esposa, María Luján Di Mattía. Los crímenes que entonces y ahora se le imputan al cantante son suposición de estado civil, sustracción de menor, falsificación de instrumento público destinado a acreditar la identidad de las personas y ocultamiento.
Para los estudiosos del derecho internacional de los derechos humanos este es un caso más que interesante, dado que el fiscal solicitó la detención (y el juez la dispuso) acudiendo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para dejar sin efecto el principio de cosa juzgada, nada más y nada menos, en un caso donde actuó un tribunal independiente y dictó -por mayoría, con una impecable disidencia de Benjamín Sal Llargués- una sentencia absolutoria.
En su dictamen Franco citó la sentencia del tribunal interamericano del 22 de noviembre de 2004 en el caso "Carpio Nicolle y otros" que, entre otras cosas, dice: "Esta Corte considera que si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de violaciones a los derechos humanos, y más aún, de los responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existe un sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada, puesto que las exigencias de la justicia, los derechos de las víctimas y la letra y espíritu de la Convención Americana desplaza la protección del ne bis in idem [cosa juzgada]".
En el final de su dictamen el fiscal dejó a salvo su criterio sobre la cosa juzgada, que considera "un principio estructurante del Estado de Derecho que debe ser respetado bajo cualquier circunstancia, pero que la intangibilidad del instituto debe ceder en los supuestos puestos de manifiesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación que son, en sustancia, hipótesis excepcionales de manifiesta y grave injusticia, cuya individualización debe obedecer a un criterio de selección muy estricto y restrictivo".
La bellísima Natalia recuperó su identidad el año pasado cuando el resultado de ADN dio positivo respecto de los desaparecidos María Elena Corvalán y Mario Suárez Nelson.
Natalia se negó durante años a una extracción de sangre. La incomprensión de funcionarios judiciales provinciales frente a esa negativa le produjo grandes sufrimientos.
Cuando la causa pasó a la Justicia Federal, el paciente juez Corazza se tomó tiempo para estudiar el caso y obtuvo la muestra de ADN mediante un procedimiento innovador: ordenó un allanamiento de madrugada en el domicilio de la joven a cargo de mujeres de la Gendarmería Nacional, que secuestraron las sábanas de su cama, el cepillo de dientes y otros elementos íntimos de los que fue posteriormente posible extraer la muestra necesaria.
“Esta vía se constituye como una herramienta válida para aliviar a los jóvenes del peso de la decisión de someterse a la extracción de sangre e igualmente respetar el derecho de los familiares, las Abuelas y la sociedad a conocer su verdadera identidad”, señaló entonces la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo en un comunicado.

Unos entran y otros parten

2007-10-19T20:49:00.000-07:00

El coronel Reinaldo Tabernero, quien se desempeñó en la subjefatura de la Policía bonaerense entre el 29 de noviembre de 1976 y el 14 de diciembre 1977, falleció esta semana a los 85 años.
El militar, que secundó a Ramón Camps en la peor época de la represión ilegal, estaba procesado con prisión domiciliaria en las causas en las que se investigan los centros clandestinos de detención de la comisaría 5ta de La Plata y Puesto Vasco.
Lamentamos esta pérdida en la búsqueda por la verdad y la justicia. Murió inocente, aunque condenado socialmente.

Violeta y Blanco

2007-10-19T19:40:00.000-07:00

El ex policía de la Brigada de Investigaciones de Lanús, Miguel Ángel Ferreyro (foto), fue detenido ayer y hoy fue indagado, acusado de la violación y la privación ilegal de la libertad de Nilda Eloy y de otros secuestrados que compartieron el cautiverio junto a ella en aquel centro clandestino, que los mismos represores bautizaron como "El Infierno".
La detención fue ordenada por el juez federal cuyo apellido es un color, Humberto Manuel Blanco, y había sido solicitada por el fiscal de la Unidad especial que interviene en casos de terrorismo de Estado, Sergio Franco.
Seguramente Ferreyro esperó su detención durante los últimos seis años. El 28 de noviembre de 2001 salió del anonimato que le dio la impunidad, cuando prestaba declaración en el Juicio por la Verdad. La sobreviviente Nilda Eloy lo reconoció por la voz y por el anillo que usaba como uno de los represores de "El Infierno".
Eloy fue llorando a contárselo a los jueces. Ese día Ferreyro, que declaraba como testigo, se fue por la misma puerta por la que entró. Pero los jueces decidieron citarlo dos semanas después.
El 12 de diciembre Ferreyro compareció nuevamente y ese día no llevó su anillo. Fue el primer represor al que los jueces del Juicio por la Verdad le tomaron declaración indagatoria por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, en este caso específico "delitos de índole sexual" contra Eloy. El fiscal Félix Crous pidió su detención y los jueces accedieron. Ferreyro fue esposado y quedó a disposición de Blanco, que al día siguiente lo soltó.
Seis años después, el pedido de otro fiscal hizo reflexionar a aquél juez, quien empujado por los vientos justicieros (que no había a fines de 2001) anuló las leyes de impunidad y libró la orden de detención.
(Foto de Francisco Martínez)

El costo de la coherencia

2007-10-15T14:26:00.000-07:00

En su elegato en el juicio seguido a Christian Von Wernich, los fiscales Carlos Dulau Dumm y Félix Crous solicitaron la absolución del imputado por uno de los 72 cargos por los que había llegado a juicio, el homicidio triplemente calificado de María del Carmen Morettini. Pidieron como pena la reclusión perpetua. A raíz del pedido de absolución, los fiscales fueron acusados por la querella de Justicia Ya! y el abogado Alejo Ramos Padilla de portar "el discurso del Estado represor" y fueron comparados con el dictador Jorge Rafael Videla, entre otros agravios, porque -dijeron- los fiscales están negando la desaparición de una persona.
Lo que sigue es una explicación de las causas de ese pedido de absolución.
En la audiencia del 10 de septiembre de 2007, la testigo propuesta por la querella Justicia Ya!, Nora Úngaro, disparó llegando al final de su declaración, en la que se venía refiriendo a la fallecida Madre Nelba Méndez de Falcone: "También Nelva se cruzó [en cautiverio] a una chica estudiante de Medicina, de nombre María del Carmen Macarini, cree que es el apellido. Cuando la liberan a Nelva, le dan las llaves de su casa, un anillo. A María del Carmen, el hijo se la cruzó en el 92 ó 93 en un banco" (textual del acta de juicio).
Úngaro fue a decir al juicio un dato que no figuraba en el expediente: que el hijo de Nelba Falcone, Jorge, había visto en 1993 con vida a María del Carmen Morettini (no Macarini; eso fue una confusión), víctima de la dictadura e integrante del denominado Grupo de los Siete de la Brigada de La Plata, a los que Von Wernich asesinó junto a otros represores a fines de noviembre de 1977.
El fiscal Carlos Dulau Dumm, en cumplimiento de su función, comenzó a indagar sobre el tema. Y encontró que el dato de la vista con vida sí figuraba en otro expediente, del Juicio por la Verdad, dado que Nelba Falcone lo había relatado el 14 de octubre de 1998 ante la Cámara Federal. La fiscalía también supo que Jorge Falcone hizo la denuncia en 1993 en el Ministerio del Interior, después de haber divisado a quien identificó como María del Carmen Morettini.
El dato tirado por la testigo Úngaro, quien actualmente se desempeña como directora de DDHH de la Municipalidad de La Plata, finalmente, tenía antecedentes previos. No estaba descolgado.
Para la fiscalía fue imperioso, entonces, contar con el testimonio de Falcone, quien -no cabía duda- se había confundido de persona, si a ello se lo contrasta con la prueba y las evidencias sobre el homicidio reunidas en el juicio a Von Wernich. El problema es que a la duda incluida en el expediente por la querella había que desactivarla. No se la podía dejar así, a la espera de que viniera la Cámara de Casación a anular el juicio por no haber agotado los recursos probatorios. Hablamos de un juicio penal, recordemos, no de un espectáculo para niños.
Pero el tribunal sorpresivamente negó esa prueba. Respasemos cronológicamente lo que ocurrió: El pedido de llamar a declarar a Falcone fue el lunes 1º de octubre a las 9.30 de la mañana, cuando el debate aún no estaba cerrado. Faltaba una semana para que eso ocurriera. La negativa del tribunal se dictó el viernes 5 y la fiscalía fue notificada ese día a las 13.45, fuera del horario judicial. Es decir, los jueces dejaron pasar toda la semana sin resolver y la fiscalía llegó al lunes 8, de los alegatos, sin ninguna chance para que prosperara su pedido.
A pesar de ello, ese mismo día la fiscalía apeló y le fue rechazado el pedido con una infame resolución que habla de extemporaneidad (¿?), falta de fundamentos (¿?), que el apellido Macarini no es el mismo que Morettini (es decir, el tribunal no interpreta los instrumentos con la buena fe con la que se debe hacer, porque los datos que llevan a concluir que la testigo habla de Morettini son concluyentes) y que los fiscales debían conocer el testimonio de Nelba Falcone. La señora declaró el 14 de octubre de 1998 en el Juicio por la Verdad en una audiencia (hacía tres semanas que había comenzado ese juicio) de la que no participaron ninguno de los dos fiscales y en un juicio que lleva más de 1000 declaraciones en casi diez años.
Además, aunque lo hubieran sabido los fiscales, el dato no estaba en el expediente hasta que lo incluyó la testigo ofrecida por la querella. Una vez que estuvo en el expediente los fiscales se hicieron cargo.
Y así fue que tuvieron que usar la duda en favor del acusado porque eselentísimo (en la mejor de las interpretaciones, lento) tribunal no citó al testigo, cuyo testimonio hubiera dado por tierra con la duda que, a la sazón, plantó la querella, cuyos abogados pusieron el grito en el cielo por el pedido de absolución de la fiscalía. Mejor dicho, como el tero, gritaron a la fiscalía para esconder en otro lado su gravísimo error. Y al grito lo pegaron con una réplica del alegato que les brindó en bandeja el tribunal imparcial, de acuerdo con algún artículo inventado del Código Procesal Penal.
No es cierto, como se ha dicho por allí, que los fiscales no sabían las consecuencias de su decisión. ¿Qué les costaba incluir un caso más a un tipo como Von Wernich? ¿Qué le hacía una mancha más al tigre y muchas menos para ellos? Lo que pasa es que hay que tener coraje y ser coherente, y sobre todo no ceder espacio cuando se trata de principios. Para los fiscales el tribunal negó una prueba fundamental, que convirtió el problema de acusar en un tema absolutamente técnico: el haber pedido una prueba considerada fundamental -porque contradecía al resto de las pruebas- para dirimir la comisión de un delito y no haber podido contar con ella. Y lo más indignante de todo esto es que el tribunal tuvo tiempo de citar a Falcone.
Creo que he sido claro. Y con la tranquilidad que me da la sensación de haber sido claro, ahora me voy a festejar toda la vida, porque lo que vengo buscando con tantos compañeros hace tantos años se cumplió: reclusión perpetua para el cura Von Wernich.

La parada del mal

2007-09-21T19:03:00.000-07:00

Años en esto de investigar crímenes de lesa humanidad y, por una cosa o por otra, nunca había conocido las instalaciones de la comisaría 5ta de La Plata.
Ubicada a 30 cuadras de los tribunales federales, donde se juzgan los crímenes que allí se cometieron, es el centro clandestino que más visitaron los jueces de esta zona. Pero nunca había ido.
Hoy fui. Éramos como veinte personas que transitamos por las celdas de ese centro. Jueces, testigos -sólo dos, un hombre y una mujer sobrevivientes- abogados querellantes y defensor, un camarógrafo y su asistente, empleados judiciales y algún que otro curioso con algún vínculo con las partes.
El lugar donde funcionó aquella parada del mal parecía, todavía hoy, un centro clandestino. Los calabozos están clausurados porque en 2000 hubo un incendio -¿provocado por los propios policías?- que mató a cuatro presos. Desde hace siete años hay posters pegados en la pared, revistas tiradas en el suelo, colchones destrozados, toallas y zapatillas colgando de tendales improvisados con cordones, leyendas escritas con rayas sobre la pintura de la pared, como si nada hubiera pasado desde aquél incendio. Y, además, todo oscuro. Se nota que nunca llegó allí la luz del sol.
Hoy, con el lugar clausurado, la única forma de ver fue con la ayuda de luces de emergencia, linternas y la potente luz del camarógrafo. Vimos el cuadro descripto y en él, con los relatos de los sobrevivientes de la dictadura, imaginamos las torturas, los gritos, la desesperación. Y pudo comprobarse que los desaparecidos alojados allí podían comunicarse mediante golpes en la pared, de celda a celda, como tantas veces lo narraron ante diferentes tribunales.
Será trillado y tal vez un lugar común, pero ese escenario lúgubre pudo verse porque lo visitó la Justicia, que hace las veces de una linterna de luz mortecina que a más de 30 años del Golpe de Estado alumbra en la oscuridad.

Padre Traveset, al confesionario

2007-09-14T20:16:00.001-07:00

El sacerdote de Trenque Lauquen, Pedro Traveset, fue detenido ayer durante el juicio oral y público que se desarrolla en La Plata a su colega y amigo, Christian Von Wernich.
Traveset fue detenido por un delito mucho menor, que también es pecado: falso testimonio. Pasó un día a la sombra, hasta que un juez federal de primera instancia dictó hoy su excarcelación.
La detención del cura fue solicitada por el fiscal Carlos Dulau Dumm con el sostenimiento ideológico de un hombre que sabe mucho de pedir detenciones por falso testimonio: el coequiper, Félix Crous. Otrora fiscal del Juicio por la Verdad de La Plata, Crous se cansó de mandar en cana a cuanto policía olvidadizo declaraba en ese proceso. Varios ex polis de la Brigada platense y la comisaría 5ta lo sufrieron. Ayer fue un cura que, ¡oh casualidad!, es amigo de otro poli, Von Wernich.
Traveset mintió hasta en las generales de la ley: al declarar el 10 de septiembre dijo que no era ni amigo, ni enemigo ni deudor ni acreedor de Von Wernich, ni que tenía un interés especial en la causa. Ayer, durante un careo que mostró su verdadera cara de mentiroso, terminó reconociendo que visitó a Von Wernich el año pasado en la lujosa celda que ocupaba por entonces en la Unidad Antinterrorista de la Policía Federal y que en 1985 lo visitó en la Alcaidía del Congreso Nacional, cuando los legisladores lo mandaron preso por vilipendiarlos: trató a los diputados de "diputaditos" en una entrevista con 7 Días.
Traveset, un amigo en las malas. ¡Cómo será en las buenas!